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abril 12, 2016 12:13 pm

El futuro de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, depende de la decisión de los 513 diputados del país, después de que una comisión parlamentaria decidiera que hay razones jurídicas que justifican la apertura de un juicio con miras a su destitución.

La decisión de la comisión integrada por 65 diputados fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra tras una sesión tensa, que duró casi once horas y reflejó el enconado clima político en que se ha sumergido Brasil, palpable también en la adopción de unas medidas extraordinarias de seguridad para las próximas fases del proceso.

La mayoría de los miembros de la comisión respaldó el informe elaborado por el diputado Joavir Arantes, quien reafirmó el contenido de un texto que presentó la semana pasada y en el que recomendó avanzar hacia un eventual juicio político. En su informe, Arantes señaló que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar el balance fiscal del Gobierno en 2014 y 2015, alterar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.

En la sesión fue escuchado nuevamente el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien volvió a descalificar el informe del legislador y redujo las acusaciones a meras “faltas” administrativas, que no bastarían para una destitución. Según Cardozo, el proceso “está viciado”, es “nulo” y viola “el derecho a la debida defensa” por la inclusión en el informe de asuntos vinculados a las sospechas de corrupción en la estatal Petrobras ajenas a la acusación. Los alegatos de Cardozo cayeron en saco roto y la mayoría de los parlamentarios se decantó por remitir el caso al pleno de la Cámara de Diputados, que discutirá el informe de Arantes entre el viernes y el domingo próximos.

En la Cámara Baja, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda, aunque todo apunta a una ligera ventaja para la oposición. No obstante, todos los analistas coinciden en que los 342 votos aún no están garantizados, lo que abre un enorme margen de dudas pues si los favorables a la destitución de Rousseff no alcanzan ese número el proceso será archivado.

En caso de que el pleno de la Cámara Baja acepte la acusación, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se abre el propio juicio político contra Rousseff. Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo durante 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara Alta para el desarrollo del proceso.

El cargo de Rousseff sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que tras haber sido durante años el mayor pilar de la coalición oficialista ha decidido romper con el Gobierno. Sin embargo, Temer está bajo la amenaza de un juicio político por firmar algunos de los decretos que facilitaron las maniobras fiscales que sustentan la acusación contra Rousseff.

Muchos analistas alertan de que “pase lo que pase” será necesario configurar un Gobierno volcado en la “salvación nacional” y también de que harán falta “muchos sacrificios” para que el país recupere la concordia y el camino del crecimiento económico.

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