Veladero-Barrick-Gold-San-Juan

septiembre 26, 2015 2:45 pm

El juez federal Sebastián Casanello dispuso una serie de operativos en Capital Federal y San Juan en el marco de la investigación por el derrame de un millón de litros de cianuro en el pueblo de Jáchal, en una mina que explota la empresa Barrick Gold.
Fuentes judiciales informaron que uno de los operativos se realizó en la Secretaria de Mineria de la Nación, de donde se obtuvieron los permisos y proyectos de explotación de la empresa en San Juan. En tanto, también libró exhortos para que su par de la provincia de San Juan disponga operativos en el área de minería de la provincia para obtener documentación clave para la causa.
El miércoles pasado el fiscal federal Ramiro González pidió investigar a funcionarios nacionales y de la provincia de San Juan por el derrame de solución cianurada en el pueblo de Jáchal. La imputación fue en contra del secretario de Medio Ambiente, Sergio Lorusso; al secretario de Minería, Jorge Mayoral; al presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé; al secretario ambiental provincial, Domingo Tello; y a los directivos de la empresa Barrick Gold.
Esta denuncia la realizó la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (AAAAP) a raíz del derrame de cianuro del 14 de septiembre pasado, y cuyas vertientes en ríos desembocan en las provincias de San Luis y Mendoza.
El denunciante acompaña varios artículos periodísticos y el reconocimiento de la empresa sobre el incidente en la mina El Veladero de San Juan a raíz de la rotura de un caño maestro. Esta semana, y en el marco de otra denuncia, el fiscal federal Federico Delgado también impulsó una investigación contra funcionarios del Gobierno Nacional y provincial por el mismo hecho. En tanto, este viernes, la minera Barrick Gold pudo reactivar sus operaciones en la mina de Veladero en este provincia tras derramar más de un millón de litros de solución cianurada, dado que la Justicia provincial decidió levantarle la inhibición.

El juez de paz de Jáchal, Pablo Oritja, notificó a la empresa minera sobre su decisión de terminar con la suspensión de las operaciones, pero le puso algunos “condicionamientos”. La empresa, tras el incidente y posterior inspección del magistrado, encaró una serie de obras de mejoras en el valle de lixiviación que habían sido ordenados por la Justicia para garantizar la seguridad en el área.

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