Hebe de Bonafini

junio 24, 2016 11:50 am

Sostiene el conocido autor estratégico Liddell Hart, que lo peor que nos puede pasar en un conflicto es encontrarnos ante los cuernos de un dilema. Vale decir, tener que elegir ante una situación de perder o perder.

Para estos casos, otro especialista, el teólogo Tomás de Aquino, nos aconseja seguir su teoría del mal menor. O en otras palabras, optar por la opción de la que se seguiría la menor cantidad de daños para nosotros.

¿A qué dilema nos referimos? Concretamente, días atrás, el periodista Alejandro Fantino, en su programa Animales sueltos, advirtió que la probable detención de Hebe de Bonafini podría tener consecuencias –como él mismo las define– catastróficas”.

Explicó que tal situación podría iniciarse si ella fuera encuadrada bajo la figura de desacato y, en consecuencia, el juez ordenara detenerla mediante el uso de la fuerza pública. En cuyo caso, podría producirse un enfrentamiento con sus seguidores y simpatizantes, los que aprovecharían el hecho para generar graves incidentes.

Llegado a este punto, uno puede descartar tal hipótesis, simplemente, con el argumento de que no es serio hacer futurología. Estamos de acuerdo. Pero, por otro lado, reconocemos que toda decisión prudencial –y las políticas lo son en grado inminente– implican una providencia, vale decir, una cierta anticipación de sus posibles consecuencias.

En este caso, esta probable situación tiene una complicación adicional, cual es que quien debe tomar la decisión de detener o no a Bonafini es un juez de la Nación. Pero que, para su concreción, debe apelar a la denominada “fuerza pública”, la que depende para su funcionamiento del Poder Ejecutivo.

En el marco de la teoría del Derecho Constitucional, existe lo que se denomina la división de poderes, la que establece que existe una total independencia entre las tres expresiones del poder, ya que hay una que legisla, otra que ejecuta lo legislado y otra que tiene que decidir sobre los derechos de los particulares.

Pero, como sabemos, la práctica no sigue siempre a la teoría. Y este parece ser uno de esos casos, pues resulta improbable que el Poder Ejecutivo, en su carácter de garante del orden público, a través del monopolio del uso de la fuerza, permanezca indiferente ante un escenario como el descripto por Fantino.

¿Qué puede hacer ante ello?

En principio, podría tratar de influir ante la decisión judicial, ya sea para que ésta se concrete o no o para que se produzca en un momento más oportuno. Pero si vamos a creerle al Presidente respecto de que él no tiene intenciones de interferir con la Justicia, y no tenemos motivos para no creerle, debemos descartar alguna influencia por este lado.

Ahora bien, tomada la decisión por el juez que entiende en la causa de detener mediante el uso de la fuerza pública a la señora Bonafini, el rol del Presidente cambia notablemente, al igual que el de su ministro de Seguridad –especialmente- y que el del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo por mencionar a los más importantes.

Los nombrados tienen, todos ellos, responsabilidades directas con el mantenimiento del orden y la seguridad pública. Y la más elemental prudencia indica que ellos deberían adoptar las previsiones necesarias para custodiarlos.

Especialmente, ante la ocurrencia de previsibles desórdenes ante el cumplimiento de una orden legal emitida por otro poder del Estado.

Pero, más allá de cualquier consideración jurídica y hasta política que podamos hacer, hay un interrogante metapolítico, de altísimo valor simbólico que se impone, cual es saber cuán fuertes son las instituciones de la República para que una orden judicial se cumpla, más allá de cualquier consideración.

El imperio de la ley exige una igualdad absoluta de todos los ciudadanos ante ella. Sin embargo, sabemos que tal máxima dista de tener vigencia absoluta por estas tierras. Al respecto, nos preguntamos si somos tan iguales que hasta un verdadero “monstruo sagrado”, como Hebe de Bonafini, pueda ser llevado manu militare ante la Justicia.

No podemos negar que este personaje, luego de gozar una respetabilidad absoluta por su lucha por los derechos humanos, ha caído en un gran descrédito, merced a turbios negociados y desafortunadas declaraciones públicas.

Pero intuimos que, pese a lo expresado, no nos debería extrañar que se alcen en su favor voces nacionales y hasta internacionales de grueso calibre, las que podrían incluir –incluso– a la del papa Francisco.

Llegado a este punto, nos preguntamos, ¿cuán fuertes serán nuestras instituciones y las personas que las dirigen para mantener una resolución de este alcance?

Comenzamos hablando de la providencia como parte esencial de la prudencia y vamos a terminar recordando que la circunspección es otro componente esencial de esta virtud. Una que como tal la ayuda a prevenirse de las circunstancias negativas que puedan rodear a una decisión difícil.

Esperemos que tanto una como la otra esté presente en las deliberaciones de quienes deben tomar las decisiones correspondientes.

Emilio Luis Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.

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