kici cristi

septiembre 19, 2014 10:32 am

Apenas un día después de ser sancionada por el Congreso, el Gobierno promulgó hoy la ley de Abastecimiento, a través de su publicación en el Boletín Oficial. Se trata de la ley 26.991, sobre “Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo”, que fue sancionada por el Congreso en la madrugada del jueves último, con 130 votos afirmativos, 105
negativos y 5 abstenciones.
De acuerdo con lo aprobado por el Congreso, la ley regirá “con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, de carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional—”.
Esas prestaciones a la que hace referencia la ley deben estar destinadas a la “producción, construcción, procesamiento,
comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población”, según el texto oficial.
La autoridad de aplicación de esta norma tendrá múltiples atribuciones, como -entre otras- “establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o
algunas de estas medidas; y dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción”.
Además, podrá “disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o
prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación”.
Del nuevo régimen quedaron exceptuadas las pymes, pero las empresas grandes, enroladas en el denominado “Grupo de los Seis”, anticiparon que recurrirán a la Justicia para frenar la aplicación de la ley.

 

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