Balbo

octubre 12, 2015 12:10 pm

En los últimos años, Mendoza, como tantas otras provincias argentinas, ha sido perjudicada por la implementación de la Ley 25.413 (conocida como “Ley del cheque”), donde se reglamenta el impuesto a créditos y débitos bancarios. Los porcentajes de coparticipación recibidos no han sido los correctos y esto ha ido en detrimento de la provincia.

En su momento, dirigentes del Partido Demócrata (PD) plantearon la necesidad de que Mendoza demande a la Nación por las pérdidas, convencidos de la inconstitucionalidad de la ley y de que debe recibir una indemnización.

“Soy de las que opina que hay que eliminar el impuesto al cheque. Por la importancia que tiene en cuanto al nivel de recaudación, es necesario que se haga de forma paulatina. Se debe generar mayor recaudación, expandiendo la economía y mermando las presiones sobre los pocos que pagan. Es necesario ampliar la base contributiva para quitar de raíz ésta extorsiva medida bancaria”, opinó Susana Balbo.

La candidata a diputada nacional por Cambiemos pretende que este impuesto se vaya eliminando con el tiempo, cuestión de llegar a cero en tres o cuatro años. “Mientras tanto, debe ser bien coparticipable. Es una vergüenza cómo se está distribuyendo lo recaudado. Los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) siempre van a votar en contra por la desesperación que tienen de recaudar. Al gastar más de lo que tenés, no hay presupuesto que alcance”, agregó.

Dentro de la inconstitucionalidad

La “Ley del cheque” se aprobó en el 2001 para hacer frente a la emergencia económica. La norma tenía una vigencia limitada –hasta fines de 2002– pero luego fue prorrogada y sigue vigente.

La misma determinó que el Estado recaude 0,6% por cada cheque depositado y otro 0,6% por cobrado. Del total, el 70% queda en las arcas del Estado nacional y el 30% restante se distribuye entre las provincias.

La inconstitucional en la que se basa el PD es que la Constitución Nacional posee una cláusula en la que se determina un piso de recursos coparticipables que es del 34% del total de impuestos recaudados por la Nación.

Según el fiscal de Estado, Fernando Simón, es imposible que la Provincia plantee ante la Nación su inconstitucionalidad si no se logra un consenso político, un acuerdo entre los partidos, que conviertan al reclamo en una especie de política de Estado.

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