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agosto 7, 2016 9:33 am

(Especial de NA, por Gabriel Profiti) – La misma Hebe de Bonafini que se convirtió en símbolo por peregrinar y reclamar justicia para sus hijos desaparecidos en la última dictadura se paró ahora fuera de la ley en una investigación por una defraudación millonaria contra el Estado. Sería una aberración equiparar ambas situaciones, pero sí refleja la parábola de un país que recuperó la democracia hace 33 años pero sigue institucionalmente convaleciente.
El argumento de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo fue precisamente que la Justicia no estuvo cuando la necesitó y ahora descree de un Poder Judicial que, según su visión, no es independiente del Ejecutivo conducido por Mauricio Macri. Así lo afirmó en la carta que le envió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado investiga el desvío de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales en el marco del programa Sueños Compartidos a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Hay 43 imputados, entre los que se encuentra la presidenta de la entidad, quien finalmente aceptó someterse a la indagatoria luego de haber movilizado a centenares de militantes, la mayoría kirchneristas, en repudio a su virtual detención.
La parábola de Bonafini en verdad comienza antes, cuando al menos uno de sus hijos y su nuera emprendieron la lucha armada en los setenta. Eso es lo que ella misma declaró en distintas entrevistas. Valora que hayan sido revolucionarios. Luego, la dictadura terminó con el estado de derecho, impuso el Terrorismo de Estado y cometió delitos atroces. Entre los desaparecidos están sus dos hijos varones y su nuera.
Sin embargo, hace años que Bonafini viene poniendo su enorme padecimiento por encima de las instituciones. Así, no tuvo reparos en instar a tomar los tribunales y decir que Macri no va a terminar “ni loco su mandato”, o que sintió alegría por el atentado contra las torres gemelas de Nueva York.
La causa por las irregularidades en el programa de viviendas Sueños Compartidos comenzó en 2011, pero tomó impulso ahora cuando el kirchnerismo dejó el poder, como otros expedientes.
Cristina Kirchner y sus seguidores vienen denunciando que el “partido judicial”, en complicidad con el nuevo gobierno, los está acechando. En plan de victimización, la ex presidenta habla de “Estado de Derecho de baja intensidad”. Es cierto que el Gobierno de Macri todavía no demostró ser distinto en torno a la Justicia. El reciclado de elementos de inteligencia seriamente cuestionados es una muestra de ello.
Lo que ni Cristina ni Hebe dicen es el enorme aporte a esa pudrición judicial que hizo el kirchnerismo en doce años, interviniendo de una u otra manera sobre los tribunales. De hecho, el primer juez de esta causa fue Norberto Oyarbide, un emblema de la justicia injusta y soldado al servicio del poder.

Replanteo macrista
Mientras tanto, el Gobierno sigue esperando que los indicadores económicos comiencen a dar señales de aliento. Puertas adentro reconoce fallas en la previsión de la inflación y en la implementación del tarifazo en los servicios públicos.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió a los ministros y referentes del equipo económico mantener el mensaje positivo de que la reactivación llegará y la inflación seguirá bajando, pero sin hablar de números ni plazos específicos.
Lo que más ruido genera en la sociedad es el incumplimiento de las mieles del segundo semestre y el errático diagnóstico de un 25% de inflación para todo el año, sumado a las boletas de luz, gas y agua que llegaron con aumentos superiores a los esperados. Este panorama negativo alumbró un documento de la renovada CGT en proceso de reunificación, cuyo título no admite dobles lecturas: “De mal en peor”.
Un par de días antes, prácticamente los mismos actores habían concurrido a la Casa Rosada para celebrar el anuncio del Gobierno de reintegro de fondos de las obras sociales que el kirchnerismo había retenido en el Fondo Solidario de Redistribución. Quizá ese gesto haya servido para demorar el anuncio de un paro nacional.
En ese marco, Jaime Durán Barba, histórico socio de Peña en la política comunicacional macrista, también hizo su aporte al maquillaje discursivo: pidió priorizar por sobre las metas de inflación el mensaje de la recuperación del salario, que en teoría, comenzará a plasmarse hacia fin de año.
Una suerte de catarsis macrista pudo observarse durante la reunión del Gabinete ampliado el jueves en la Casa Rosada ante unos 400 funcionarios. Allí, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, reconoció que lo que más preocupa “desde la macro”: la inflación y la marcha de la actividad económica (recesión). El ministro desoyó el pedido de Peña de evitar las cifras -la reunión fue multitudinaria pero cerrada a la prensa- y pronosticó una inflación de 2% para septiembre y de 1,5% hacia fin de año.
Agregó que todo indica que los factores “no pueden más que contribuir positivamente a la reactivación”. “Hagamos el inventario de las cosas que hicimos porque si no, nos reclaman que no estamos haciendo nada por lo que menos tienen. Evitemos la trampa del ‘podrían haber hecho la cosa mejor'”, agregó en el Museo del Bicentenario.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de uno de los coordinadores del gabinete y cerebro económico oficial, Mario Quintana, quien presentó el Plan Productivo Nacional con el que el Gobierno espera encaminar al país hacia el desarrollo. Tal como se anticipó en esta columna, el programa tiene ocho pilares transversales con tres capítulos adicionales que buscan generar empleo con salarios altos al estilo de países desarrollados como Australia. Peña no quiere hablar de plan sino de lineamientos estratégicos. Lo cierto es que para su virtual éxito, el Gobierno debe superar la actual coyuntura.

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