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mayo 6, 2016 10:05 am

Claudia Najul Claudia Najul – Senadora provincial UCR

En nuestro país lograr penas efectivas para las personas que ejercen violencia de género, implica sortear infinidad de obstáculos. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que aún mucha gente naturaliza agresiones verbales o físicas en una pareja. Cuando la mayoría social no toma conciencia de la gravedad de un delito, sancionarlo es muy difícil.

Una y otra vez decimos que la justicia lenta no es justicia. En estos casos esa frase aparece en toda su dimensión: datos estadísticos publicados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indican que en Mendoza durante el 2014 cuatro de los seis femicidios ocurridos registraban denuncias previas. Con un agresor denunciado y una víctima con medidas de protección, tenemos que lamentar un femicidio. ¿Dónde está la justicia?

Pero el panorama actual es aún más complejo. Las situaciones de violencia de género tienen características particulares que hacen todavía más complicado tomar la decisión de realizar la denuncia. Hechos cotidianos como dificultades económicas, resguardo de los niños, y principalmente, el miedo ante las represalias que pueda tomar el agresor, cuando el sistema judicial lejos de acorralarlo lo beneficia en detrimento de las víctimas, pues permanece en libertad.

Precisamente aquí, en este punto, es donde la modificación del Código Procesal Penal de Mendoza, anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo en la apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura, apunta a la protección de las víctimas de violencia de género, entre otras medidas importantes. La reforma prevé dictar la prisión preventiva, a pedido del fiscal, cuando existiera peligro para la víctima o testigo por la libertad del imputado.

Es una propuesta trascendental la del gobernador. La nueva gestión quiere un sistema judicial que cuide y resguarde en todo momento a la víctima, impidiendo la libertad de una persona que podría atentar nuevamente contra ella, su familia o pertenencias.

Otra medida planteada es la posibilidad de escuchar a la víctima o a quien se pueda constituir como querellante, sin la presencia del imputado en el juzgado, y de esa manera evitar cualquier desequilibrio emocional que la perjudique o le genere algún miedo.

Todos conocemos casos en los que una mujer es agredida una y otra vez por un hombre al que denunció en más de una ocasión. Los invito a reflexionar un instante. A esa mujer, la aprobación de esta reforma le cambia la vida.

Pensemos también en la seguridad y confianza que una medida así dará a las víctimas para denunciar una situación de violencia. Obviamente, saber con certeza que no estarán expuestas a nuevas agresiones, animará a más personas a acudir a la justicia.

El Ejecutivo Provincial ha cumplido su parte al enviar a la Legislatura un proyecto de reforma estructural del Código Procesal Penal. Ahora nos corresponde a los diputados y senadores convertirla en ley, para otorgarles a los jueces pautas claras sobre en qué situaciones dictar una prisión preventiva.

Estamos a las puertas de lograr un marco legal de avanzada para Mendoza. Creo firmemente que su implementación realmente cambiará la vida de muchas mujeres y sus familias.

 

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