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agosto 22, 2015 8:16 am

(Especial de NA por José Calero)
Cristina Fernández va concluyendo su segundo y último mandato en el marco de una economía con déficit récord, zafarrancho cambiario y reservas en retirada, que representarán una herencia complicada para su sucesor. Pero lejos de hacerse a un lado, la jefa de Estado intenta subir la apuesta y fijarle parte de la agenda a su sucesor, con iniciativas como el envío de un proyecto de ley al Congreso que atará aún más las manos de quien ocupe la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre próximo.
Se trata de la participación estatal en empresas clave que el kirchnerismo recibió al estatizar las AFJP, otro de los manotazos a sumas millonarias que dio a lo largo de sus casi doce años y medio de mandato. Constituirían un buen capital en caso de que el próximo gobierno se viera urgido por las necesidades económicas, como se espera por la tendencia declinante de la hora.
Pero la presidenta parece dispuesta a evitar esa opción para su sucesor, con la intentona de obligarlo a obtener dos tercios de apoyo en el Congreso para poder vender parte de esas participaciones. Así, dio otra señal de no estar dispuesta a ceder un ápice en el proceso de radicalización hacia el estatismo en el que va cayendo su administración a medida que se acerca el final, con resultados que pueden dar buen resultado en las urnas a partir del respaldo de sectores sociales vulnerables, pero amagan con sumir al país cada vez más en el amesetamiento.
El 10 de diciembre próximo habrá otro líder sentado en el Sillón de Rivadavia, pero la presidenta actúa como si lo único que debiera hacer su sucesor fuese continuar en piloto automático y repetir lo hecho hasta ahora, a pesar de que derivó en un debilitamiento económico notable.

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