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abril 15, 2016 11:56 am

El título de esta nota parece un sutil juego de palabras, pero no lo es. Mientras que la gobernabilidad está ligada a la posibilidad cierta de gobernar, a ello, la gobernanza le agrega que se lo haga mediante el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado.

Si bien ambos términos derivan de la voz griega kubernáo que significa maniobrar, se le atribuye al gran Platón el haberla incluido en el vocabulario político como sinónimo de “gobierno”.

Pero más allá de su origen común, la gobernanza está de moda, mientras que la gobernabilidad está cayendo en desgracia. Veamos porqué.

A la primera se la ha asociado siempre a posturas pragmáticas vinculadas con el famoso autor florentino Nicolás Maquiavelo, quien sostenía, específicamente, que la búsqueda y el mantenimiento de la ansiada gobernabilidad era la razón de ser de las acciones de todo príncipe, tal como quedaba demostrado, según él, en numerosos ejemplos históricos. Lo que distingue a Maquiavelo de otros autores es que para ello se podía, incluso, actuar “en contra de la fe, en contra de la caridad, en contra de la humanidad y en contra de la religión”.

No es que esta postura no fuera cuestionada en su momento y a lo largo de toda la historia de las ideas políticas. Pero hoy parece alzarse un esquema teórico destinado a suprimir las aplicaciones prácticas de una política basada, exclusivamente, en la gobernabilidad. No sólo desde la academia, sino de la vida política real.

Lo extraño es que los que proponen esto no son otros estudiosos, sino instituciones bien conocidas como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Concretamente, el uso del vocablo gobernanza, tal como se lo conoce actualmente, puede rastrearse a Charles Plummer y su obra The Governance of England, publicada en 1885. Si bien el término se aplica actualmente a varios tipos de entidades, desde privadas hasta globales y desde lucrativas hasta benéficas, entre tantas otras, nos interesa especialmente su uso en relación a las organizaciones estatales de nivel nacional e internacional.

Por ejemplo, el PNUD –Programa de la ONU para el Desarrollo– afirma que “la gobernanza ha sido usada para invocar la eficiencia del gobierno y el logro del consenso mediante prácticas democráticas de participación ciudadana”.

Por su parte, para el Banco Mundial se trata de “la manera en que el poder es ejercido en un país, de tal modo que sus recursos sociales y políticos puedan ser empleados para su desarrollo”. Algo que no queda en un mero enunciado, pues esa misma entidad dispone de un índice, el Worldwide Governance Indicators o el Indicador Mundial de Gobernanza, por el cual todos los países son medidos y juzgados a la hora de recibir alguno de sus convenientes créditos.

Como vemos, para los impulsores de la gobernanza no basta con que un gobierno mantenga cierto nivel de gobernabilidad, es necesario que lo haga en búsqueda del bienestar de todos. Un bienestar que es, para estos organismos, fundamentalmente social y económico.

A la luz de esta definición, es fácil comprender las continuas exigencias de estas entidades globales para con los gobiernos estatales, a fin de motivarlas en la implementación de políticas destinadas a una mayor eficiencia gubernamental. Especialmente, en todo lo relacionado con el combate efectivo de la corrupción, mediante medidas concretas, tales como el ponerle fin a la impunidad de los gobernantes y una mayor transparencia en el manejo de los asuntos estatales.

Llegado a este punto, uno puede preguntarse si estas exigencias se quedan en el plano de la retórica o en algún momento puede corporizarse en cuestiones más tangibles. No nos cabe duda de ello, como lo son, por ejemplo, las calificaciones y las sanciones aplicadas por esos organismos a aquellos Estados que, a su criterio, no cumplen con sus estándares.

El caso de los Panamá Papers

En aras de dar un paso más, nos repreguntamos si no es posible que estas medidas, más o menos ortodoxas y previstas en sus respectivos estatutos, no se encuentren vinculadas a otros que no lo son tanto. Como, por ejemplo, la difusión periodística de los Panamá Papers, los que iluminan los circuitos oscuros que conspiran contra la factibilidad de una gobernanza efectiva, tal como la entienden estos organismos.

Llegado a este punto, y sin que ello implique caer en teorías conspirativas, es lícito que nos preguntemos por qué en el gran volumen de información develado –hasta el momento– por esta última megafiltración no haya corporaciones comerciales, como si las mismas no formaran parte del sistema capitalista globalizado que estos mismos organismos impulsan. Tampoco se ha consignado en dichas revelaciones de la presencia de políticos de naciones consideradas políticamente correctos, en el sentido expresado de la gobernanza, como son EE.UU. y Canadá.

Lo dicho hasta aquí no implica negar los terribles y nefastos niveles de corrupción que afectan a muchos países del mundo. Entre ellos, particularmente, al nuestro, tal como está quedando demostrado en estos días por la proliferación de causas judiciales, tanto contra políticos en ejercicio del poder como contra varios recientemente fuera del mismo.

Se trata de comprender por qué ocurren las cosas. Y, lo que es importante, cómo nos pueden afectar a nuestros intereses nacionales o cómo pueden evolucionar.

En ese sentido, es innegable que el mundo sufre la necesidad de una ola de transparencia. Una que está siendo impulsada por diversas organizaciones globales.

Pues, como lo afirma el periodista Santiago O’Donnell, “Las megafiltraciones, en sus distintas variaciones, a medida que se hacen cada vez más frecuentes, muestran los límites del periodismo tal como lo conocemos y vacían de contendido la pretensión de equilibrio e independencia de los grandes medios, incluso de aquellos que alguna vez pudieron serlo”.

En última instancia, si uno de los objetivos estratégicos de este gobierno es reinsertarse en el mundo, especialmente, en aquella parte del mismo que se dice observante de los principios de la gobernanza, sería prudente que los tengamos en cuenta a la hora de ser a la par de parecer.

Emilio Luis Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.

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