macri jubilados

mayo 28, 2016 2:24 pm

(Especial de NA, por Gabriel Profiti) – 

El ‘Proyecto de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados’ persigue la necesidad política de instalar una agenda positiva en medio de un fuerte ajuste económico, pero también implica un aporte a la normalidad institucional. La iniciativa, que incluye un nuevo y controversial blanqueo de capitales, propiciaría un aumento del 45% en los haberes de unos dos millones y medios de jubilados, un tercio del total, y la creación de una pensión universal a los mayores de 65 años sin aportes suficientes, equivalente al 80% de la jubilación mínima.
Las medidas buscan mejorar el humor social en una franja importante de la población, pero al mismo tiempo cumple con fallos de la Corte Suprema de Justicia, que habían sido satisfechos a cuentagotas por la administración kirchnerista.
Si hay que mirar el vaso medio lleno del Gobierno de Macri aparecerá casi en primer término el respeto a decisiones judiciales como el acuerdo con los holdouts, la devolución de los fondos de coparticipación a las provincias -también incluido en este proyecto- y este reajuste de las jubilaciones. El anuncio implica una enorme erogación –$50.000 millones para el pago de retroactivos y $75.000 millones anuales para las nuevas jubilaciones- y tiene sus matices.
Parte de los nuevos compromisos esperan ser cumplidos a partir de una nueva amnistía fiscal, herramienta que suele premiar a incumplidores para satisfacer necesidades de caja. En esta oportunidad, vuelve a tener puntos opacos y coincide con dos casos que involucran actividades presidenciales en el exterior. Su aparición como vicepresidente y director de sociedades offshore, investigada por la Justicia, y la declaración de una cuenta por $18 millones en Bahamas.
Con todo, el Gobierno apuesta a que en esta oportunidad el blanqueo sea exitoso. A partir del 2017, por acuerdos internacionales, el país va a comenzar a tener “información de 48 países, muchos de los cuales eran paraísos fiscales” y quienes tiene activos no declarados se verán obligados a hacerlo, especuló el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.
El paquete de medidas que comenzará a tratar el Congreso la semana próxima en la Cámara de Diputados contempla la disminución progresiva del Impuesto a los Bienes Personales hasta su eliminación en 2019, justamente para tentar a evasores. El oficialismo no quiere sinsabores en el Congreso y pondrá a prueba nuevamente su capacidad de negociación. En principio, la oposición no puede oponerse al proyecto pero planteó reparos al financiamiento ante la posibilidad de poner en riesgo la sustentabilidad a futuro del sistema previsional.
Los fondos del blanqueo, más utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad serán afectados al nuevo esquema. En el Gobierno dicen que hasta 2018 su funcionamiento está cubierto, pero el proyecto crea una comisión para resolver cuál sería la forma de hacer sustentable al sistema en adelante. ¿Venta de acciones de la ANSeS, aumento de edad jubilatoria?

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