régimen chino

abril 8, 2015 4:00 pm

Su capacidad de movilización y el ruido que están haciendo en las redes sociales las ha puesto en la mira del autoritario Partido Comunista Chino.

Cinco feministas, que luchan por la igualdad de género, contra el acoso sexual y por los derechos de los homosexuales y enfermos de sida, están detenidas desde hace un mes por “provocar problemas y alterar el orden público”. Una vaga acusación a la que Pekín recurre cada vez con más frecuencia para contener cualquier atisbo de protesta ciudadana.

En vísperas del pasado Día Internacional de la Mujer una docena de feministas fueron arrestadas en varias ciudades porque pretendían repartir pancartas contra el acoso sexual en los transportes públicos. Al cabo de varios días, la policía las liberó a todas menos a Wei y Li Tingting, dos jóvenes famosas por sus sonadas manifestaciones callejeras; Wu Rongrong, que a sus 30 años sufre hepatitis y se ha visto privada de su medicación; Wang Mang, que tiene 33 años y padece del corazón; y Zheng Churan, de veinticinco años.

Aunque la noticia de su detención ha sido censurada en los medios de comunicación chinos, ha generado una oleada de protestas en Occidente, donde más de 85.000 personas han pedido su liberación en las redes sociales. Como dos de las arrestadas son lesbianas y una es bisexual, los grupos defensores de los derechos de los homosexuales se han sumado a esta masiva campaña mundial.

Esgrimiendo el discurso habitual del régimen sobre la persecución de disidentes, la portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Chunying, ha respondido que “nadie tiene derecho a pedirle a China que libere a ciertas personas, por lo que esperamos que dejen de interferir en nuestra soberanía judicial”.

Por su parte, la organización no gubernamental Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD, en sus siglas en inglés) ha denunciado en un comunicado que “las cinco detenciones criminales son una represalia más amplia contra el activismo de las mujeres, que se ha centrado en la igualdad de género y la situación de los homosexuales”.

Dentro de esta creciente represión contra los disidentes y activistas sociales, las cinco apresadas podrían ser condenadas a entre cinco y diez años de prisión si finalmente resultan acusadas y condenadas por provocar “disturbios públicos”.

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