casa Rosa

junio 4, 2016 10:18 am

De acuerdo a lo denunciado por el Gobierno en un informe de más de 200 páginas publicado este viernes, en el cual hizo un detallado repaso sobre la situación de los organismos del Estado al 10 de diciembre de 2015, cuando Cambiemos tomó la dirección del país, los argentinos pagaron US$ 694 mil millones en impuestos en la última década, pero en diciembre de 2015 el nuevo Gobierno encontró centenares de deudas con proveedores y contratistas, obras frenadas por falta de pago, el 40% de las rutas del país en estado crítico, subsidios direccionados, innumerable cantidad de contratados que cobraban sin cumplir tareas y desvíos irregulares de fondos.

Se subraya que “la intención de este informe no es condenar a un gobierno en particular sino hacer un diagnóstico del Estado Nacional en diciembre de 2015 e identificar los desafíos pendientes, que a veces coinciden con errores o excesos de la administración inmediatamente anterior”.

El informe, titulado “El estado del Estado”, señala que cuando el nuevo Gobierno llegó a la Casa Rosada, la Administración Pública Nacional estaba “en un estado cercano a la parálisis, con varias cadenas de pagos cortadas y ahogada por una situación macroeconómica cada vez más delicada”. Los datos con la información área por área fueron subidos a la página oficial de la Presidencia (www.casarosada.gob.ar).

Entre otros muchos casos se detalla que los organismos de auditoría descubrieron contrataciones y pagos para la construcción de viviendas que nunca se realizaron y por otras que sí se construyeron pero en zonas sin servicios básicos, por lo que no eran habitables. También se destaca en el informe que los cortes de energía eléctrica para usuarios domiciliarios “se cuadruplicaron entre 2003 y 2014” y que a raíz de subsidios mal distribuidos en el interior del país se pagaba por el fluido hasta siete veces más que en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires.

En el documento consta también que “un día antes de las elecciones de 2015 la Secretaría de Provincias transfirió en su totalidad los 99 millones de pesos del remanente de ATNs a Santa Cruz”, lo cual provocó que no quedaran fondos para asistir a las provincias ante una eventual emergencia. “Para realizar el cierre contable, se emitió un pagaré por el Tesoro de 10.000 millones de pesos a cancelarse en 90 días”, añade.

Informa además que en 2015 la Jefatura de Gabinete de Ministros transfirió 2.100 millones de pesos a municipios de todo el país, que alrededor de 1.300 millones de ellos fueron pagados entre octubre y diciembre.

“Casi 800 millones de esos pesos se enviaron a municipios de la provincia de Santa Cruz” y “Quilmes, el municipio de origen del entonces jefe de Gabinete, recibió 93,5 millones entre octubre y diciembre” de 2015.

Subraya que “en los reportes de los ministerios y organismos descentralizados también se puede ver que la Argentina de 2015 se acercaba a una crisis” y que una muestra de ello “es que buena parte de las agencias del Estado dejaron de pagarles a sus proveedores, beneficiarios y contratistas en algún momento del año”.

Detalla, por ejemplo, que “en julio la petrolera estatal Enarsa dejó de pagarle a la boliviana YPFB por el gas importado y seis meses después la deuda acumulada era de casi 400 millones de dólares”. En una década el país pasó de exportar este combustible a tener que importarlo.

En otro capítulo asegura que “la Dirección Nacional de Vialidad dejó de mandar fondos en agosto de 2015” y enseguida “empezaron a paralizarse obras” en las rutas 5, 7 y muchas otras. También que “las obras de infraestructura ferroviaria dejaron de avanzar entre julio y septiembre y según los registros, por decisiones como éstas, unos 50.000 obreros de la construcción perdieron sus trabajos”.

“En septiembre, el Ministerio de Educación dejó de mandarles fondos a las universidades nacionales. La deuda acumulada en el momento del cambio de gobierno era de 7.000 millones de pesos”, se informa.

En cuanto al personal estatal, señala que en diciembre de 2015 el nuevo Gobierno encontró en el Estado que “la planta de trabajadores se había incrementado en un 64 por ciento desde 2003 (de 2.200.000 a 3.600.000)”. Agrega que “se localizaron en la Administración Pública Nacional 36 sistemas distintos de liquidaciones de sueldo y administración de personal y 13.635 personas con la edad requerida para jubilarse y no lo habían hecho”. En cuanto a agentes que cobraban sin trabajar, “en el Indec, por ejemplo, había decenas de contratados que en los sistemas de presencia tenían un promedio de menos de dos horas por día y en el Ministerio de Justicia 50 personas a quienes que se les pagaba un sueldo a pesar de que vivían en el interior y no tenían registros de ingreso” a la cartera.

Otros casos que citan son el de la Entidad Binacional Yacyretá donde “130 personas contratadas tampoco asistían a su puesto de trabajo” y el Centro Cultural Kirchner, que contaba en su dotación “con 600 personas que no tenían conducción, programas de trabajo ni roles asignados”. “En el último trimestre de 2015 el Hospital Posadas contrató a 644 personas que no eran profesionales de la salud ni tenían tareas asignadas”, agrega el trabajo difundido hoy.

Otros puntos que pueden encontrarse en el informe indican que en diciembre de 2015 el Estado nacional debía más de 350 millones de pesos en facturas de telefonía fija y móvil y consumo de datos de Internet, que había contratadas 62.000 líneas celulares y la deuda con las operadoras móviles era de alrededor de 80 millones de pesos. También asegura que con las empresas de conexión a Internet, que gestionan los enlaces de los organismos públicos, la deuda era de 187 millones de pesos y a los proveedores de telefonía fija se les debían 83 millones de pesos y que en el sistema ferroviario, la antigüedad promedio de las locomotoras era de 47 años, además de incluir el dato de que en Aerolíneas Argentinas, la nueva gestión asumió con deudas con proveedores por decenas de miles de millones pesos y cuatro aviones parados (tres de ellos arrumbados en el desierto norteamericano, donde pagaban 400.000 dólares anuales cada uno)”.

Además,  se da a conocer que en julio de 2015, la Agencia de Administración de Bienes del Estado cedió cinco hectáreas en Las Talitas (Tucumán) para la construcción de viviendas sociales financiadas por el Ministerio de Planificación, pero “hoy ese predio está abandonado”, mientras que en 2014, esa agencia cedió un predio para un centro materno Infantil en terrenos del antiguo Hospital Militar de Tucumán. El proyecto contemplaba construir un centro médico, un polideportivo con una pileta olímpica, una plaza seca y un jardín de infantes con capacidad para 118 niños, aunque el lugar ahora está abandonado.

“Los archivos dependientes del Archivo General de la Nación carecían de sistemas contra incendios, una falta muy grave dada la importancia de la preservación del patrimonio”, se agrega.

En lo que respecta al Centro Cultural Kirchner (CCK), se afirma que “abrió sus puertas en mayo de 2015 de forma prematura, ya que el edificio no había sido habilitado. El edificio estaba en diciembre de 2015 en situación ‘de obra’, con entrega parcial, con un funcionamiento excepcional y condicionado en materia de seguridad”.

El capítulo dedicado al Pami gira en torno a la situación financiera, la falta de controles y las distintas irregularidades que la justicia federal está investigando actualmente: sobreprecios, desvío de fondos y el estado de abandono de las oficinas del organismo en todo el país.

Se acusa a las autoridades anteriores por el desvío de fondos del organismo a través de distintas maniobras como la emisión de recetas a nombre de afiliados fallecidos: “El padrón tenía 400 mil personas fallecidas por las que se pagaban servicios de salud. A nombre de 7 mil de ellas se compraban remedios que luego se vendían en el mercado negro”, consigna.

Dejá tu opinión

comentarios