juicio a dilma

agosto 2, 2016 5:43 pm

El senador Antonio Anastasia (PSDB) presentó este martes su informe final sobre el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff (PT) en el Comité Especial establecido para abordar la cuestión en el Senado.

El documento, que analiza las razones por las que la presidenta fue apartada del cargo y afronta ahora un proceso de destitución parlamentaria, será sometido a votación de los miembros de dicho comité el próximo jueves. Si los senadores dan luz verde, la cuestión se elevará al pleno de la Cámara Alta, donde el próximo viernes, con el mundo pendiente de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río, se decidirá si la presidenta deberá afrontar un juicio político.

Anastasia, una de las cabezas visibles del principal partido de la oposición, propone en su informe la destitución de Rousseff, para la que, sostuvo, “hay plenas razones”. Ya en mayo, cuando presentó el dictamen previo de admisión del caso en la Cámara, el relator ya señaló la existencia de “actos criminales” en la gestión de la mandataria, como la concesión de créditos adicionales sin la autorización del Congreso y la contratación ilegal de préstamos con una institución financiera controlada por la “União” (entidad administrativa federal autónoma, independiente del Ejecutivo). La acusación señala que esas prácticas generaron un “enorme desequilibrio” en las arcas públicas y pusieron en peligro su sostenibilidad. El escrito sostiene que la gestión de Rousseff “amplió el endeudamiento público, impactó en indicadores económicos como la inflación y el Producto Interior Bruto (PIB), y representó un perjuicio para la calidad de vida de la población”.

En el informe presentado, de 441 páginas, Anastasia sostiene además que los delitos fiscales por los que ha sido acusada Rousseff suponen un “atentado a la Constitución” y son irregularidades “de tal gravedad” que, conforme a la ley, tienen como pena la pérdida del mandato.

El argumento principal de la defensa de “Dilma” es la opinión del fiscal Ivan Marx, que cerró la vía penal del caso de la “União” por entender que no había habido operación de crédito ilegal. Marx sostuvo que el proceso fue una venganza ideada por el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha (PMDB). O sea, que estaríamos ante un proceso más político que jurídico.

El propio Cunha se encuentra a su vez bajo una fuerte presión por todos los flancos y se encuentra a la espera de saber la fecha de la votación parlamentaria en la que, también él, podría ser desposeído de su cargo. Podría darse la “paradoja” de que la misma Cámara a la que convenció para defenestrar a Rousseff certifique ahora su muerte política. La gran pregunta es a cuántos arrastrará en su caída. Cunha está preparando un temido dossier con todos los datos que tiene de sus compañeros de filas.

La posible votación de la anulación del mandato de Cunha, prevista para mediados de agosto, antes de que sea juzgada Rousseff por el Senado, pone en peligro la estabilidad del gobierno de Michel Temer (PMDB) y podría acabar salvando a la presidenta. Temer repite a menudo que Cunha no tiene ninguna información comprometedora sobre él, pero reconoce que, arrinconado, su antiguo aliado podría causar un terremoto en el Congreso, con consecuencias inimaginables para el resultado del proceso a Rousseff.

 

 

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