Recalde y Máximo diput

mayo 22, 2016 10:30 am

Por: Silvia Mercado – smercado@infobae.com

¿Qué van a hacer con el peronismo? Es la pregunta más frecuente que le hacen al presidente Mauricio Macri cuando habla con líderes globales, funcionarios de organismos internacionales, empresarios interesados en invertir en la Argentina, intelectuales extranjeros que siguen los avatares de la región. Es que el peronismo no fue eficiente para resolver ninguno los problemas estructurales que el país arrastra desde la década del 50, pero sí logró convencer a propios y extraños de que es ingobernable si no es quien gobierna. Sin embargo, desde 1946 para acá, la Argentina no está mejor en términos relativos, sino bastante peor. Perdió credibilidad, peso económico global, relevancia internacional, se fue achicando

Muchos peronistas exhiben las desestabilizaciones a Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa con orgullo patriótico. En su lógica, no cometieron pecado alguno contra la democracia, porque se trataba de representaciones de tipo “liberal”, no populares. Ya se sabe, al pueblo solo lo representa el peronismo, y todo lo que no es peronista, nunca será popular.

El peronista medio cree que el Estado le pertenece. Es el instrumento perfecto para la movilidad social ascendente, la propia en primer lugar. Lo que la oligarquía no le dio, porque nació en una familia pobre o de clase media, alejada del centro de las decisiones, se lo dará naturalmente el acceso con el peronismo al poder.

Hay una leyenda entre peronistas que cuenta que Jorge Antonio, el más leal testaferro de Juan Domingo Perón, cuando fue consultado acerca de cuál era la verdadera ideología del peronismo, contestó: “Hay que seguir la ruta del dinero. Cuando hay plata en el Estado, se compran los ferrocarriles, cuando no hay, se los vende”.

En el mientras tanto, cuando un gobierno no peronista es el que está al frente del Estado, los peronistas no ocultan su incomodidad y gastan sus horas en pergeñar cómo recuperar lo que le fue usurpado porque, según este designio, nadie que no se diga peronista tiene derecho a gobernar la Argentina. No es peronista, por lo tanto, es la antipatria, el antipueblo, la encarnación misma del demonio; en fin, un buitre dispuesto a sacarnos los ojos.

Es un secreto a voces que muchos peronistas se juntan para discutir formas para desestabilizar el Gobierno. No todos, por supuesto. Los hay muy críticos a las formas autoritarias que dominaron los años kirchneristas y creen posible un peronismo republicano, firme defensor de las instituciones y con raigambre popular. Sin embargo, el peronista medio, sobre todo el que no tiene responsabilidades de gestión, vive obsesionado por generar sensaciones desestabilizadoras para provocar el debilitamiento gubernamental.

La caída de imagen de Macri y el malhumor que empezó a gestarse con la llegada a los hogares de las boletas con los aumentos de las tarifas, sumado al salto inflacionario, entusiasmó a muchos peronistas. Creían que el ansiado momento de ver hocicar al Gobierno había llegado antes de lo esperado, y ya se preparaban para organizar algún tipo de asalto al poder, a lo que no se sumaron los sindicalistas que organizaron la gran movilización del 29 de abril, aislando la protesta de cualquier violencia callejera organizada.

Ya pasó, pero fueron días que preocuparon a la coalición gobernante. Al punto que empezó a debatirse en torno a dos modelos de acción en relación al peronismo. Uno, pensado por el radicalismo, que promueve la concreción de un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Justicialista, es decir, con el peronismo territorial, el que gestiona la mayoría de las provincias, para generar un clima de certidumbre sostenido.

Esta propuesta parte del diagnóstico de que es la primera vez que un gobierno no peronista carece de mayoría de ambas cámaras, algo que no le pasó ni a Alfonsín ni a De la Rúa. Y juzga que lo más práctico es concretar un acuerdo de gobernabilidad entre quienes gobiernan, para promover un escenario político que no esté pendiente de cada coyuntura. Miguel Ángel Pichetto, al frente del bloque FpV en el Senado, habría dado el visto bueno a esta iniciativa.

“Hay manuales que explican la transición del feudalismo al capitalismo, otros del comunismo a la democracia, pero no hay ningún libro que analice casos de países que salieron del populismo para construir escenarios republicanos”, dijo a Infobae un dirigente preocupado por fortalecer las posiciones políticas de los peronistas más democráticos y así facilitarle un piso más sólido al Gobierno. Jesús Rodríguez, hoy uno de los auditores de la Auditoría General de la Nación, es el encargado de elaborar un documento para ser discutido en la mesa chica de Cambiemos.

Marcos Peña, cabeza del gabinete oficial, no piensa lo mismo. Cree que si el peronismo está dividido entre el kirchnerismo, el territorial y el massismo, no hay ninguna necesidad de que el Gobierno promueva unirlos. “El peronismo todavía tiene que recorrer un larguísimo camino antes de resolver su liderazgo, por qué les vamos a facilitar nosotros las cosas”, fue el comentario en las altas cumbres del Gobierno.

Lo que postula este esquema es encarar cada negociación con un sector distinto del peronismo, subiéndolos y bajándolos ante cada circunstancia, aprovechando sus necesidades de recursos, y sin pelearse del todo con ninguno. “Si nosotros arreglamos con uno solo, tendremos mayoría propia en el Congreso, pero también una oposición que fácilmente saldrá a posicionarse frente a nosotros, con chances de ganarnos las elecciones”, explican.

Por cierto, la última semana dejó fortalecida esta visión, aunque tal vez le salió demasiado cara a las arcas del Estado, que fue necesario ampliar la oferta para la devolución del 15 por ciento de los impuestos coparticipables que iban al ANSES. “Mauricio tiene la costumbre de pagar al contado y cobrar en cuotas”, dice un radical que lo quiere, pero que critica la ansiedad del Presidente por una gestión que, considera, está “desatendida de la argumentación”.

Como sea, el Gobierno cree que salió fortalecido tras la decisión de dar la pelea en contra de la ley antidespidos (“antiempleo” la bautizó Macri), y aseguran que recuperó los niveles de respaldo que tenía en diciembre, es decir, menos que en enero/febrero, pero iguales al inicio de la gestión. Según la versión oficial, Macri tiene 64 por ciento de imagen positiva, la gestión 59 por ciento; el 60 por ciento es optimismo en relación al futuro y el 66 por ciento de los consultados está de acuerdo con las medidas económicas tomadas. Esos porcentajes conviven con altos índices de enojo por el aumento y la inflación y la angustia por la pérdida del empleo.

En las investigaciones del Gobierno, la población está dividida en tres grandes conjuntos: uno que alcanza el 50 por ciento con posiciones cercanas al Gobierno, un 30 por ciento con posiciones contrarias y un 20 por ciento que fluctúa. En el momento de mayor respaldo, a la salida del cepo, el Gobierno alcanzó el 71 por ciento de respaldo de la población. Actualmente, está en 59 por ciento y respaldando las medidas. “Es mucho mejor de lo que hubiéramos imaginado y, creemos, tiene que ver con que estamos gestionando bien el día a día de la política”, dijeron.

Despreocupada por lo que llamó “la usina de rumores” que anuncia cambios en el Gabinete, una alta fuente del Gobierno se mostró muy consciente de que “va a tardar tiempo tener el control del Estado”. “En estos cinco meses avanzamos, pero aún falta”, dijo. Cree que ese momento tendrá una primera estación que será visible este año para la opinión pública y llegará junto con la baja de la inflación. Sí, en el segundo semestre, esa verdadera Meca del Gobierno a donde todos peregrinamos, aunque no con la misma fe.

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