conadep

agosto 19, 2016 10:09 am

Hace pocos días atrás, la mera mención de que el país sufrió una “guerra sucia” durante los años 70 le mereció al presidente Mauricio Macri una ola de repudio. Como si no fuera posible para ningún argentino disentir con el relato instaurado sobre el tema en la última década.

Más allá de las limitaciones morales que evidencia esta preocupante tendencia al discurso único, la verdad es que fue la propia CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), creada por el presidente Raúl Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, con el objetivo de investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos, tuvo otra explicación de estos hechos.

En el prólogo de su informe final, ‘Nunca más’, Ernesto Sábato sostuvo: “… En nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido…”.

De este párrafo se deduce que en contraposición a lo actuado por el Estado y sus FFAA hubo delitos terroristas que los precedieron. Los que no fueron investigados ni castigados. Tal como lo confirma la renuncia de la prestigiosa figura del doctor René Favaloro a dicha comisión al tomar conocimiento que ésta no tenía atribuciones para investigar a grupos terroristas cercanos al gobierno de Isabel Perón, como la Triple A.

Posteriormente, el presidente Néstor Kirchner, en la edición del 30° aniversario del Golpe de Estado de 1976, ordenó suprimir el prólogo original del informe y colocar uno nuevo, firmado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que negaba la denominada teoría de los “dos demonios”.

Llegado a este punto, nos podemos preguntar: ¿qué fue lo que pasó?

En primer lugar, hay que especificar que lo que la Argentina sufrió en esos años es lo que se denomina, técnicamente, un Conflicto Armado Interno. Uno iniciado por las organizaciones terroristas que tenían por objetivo reconocido y declarado la toma del poder político de la Nación.

Hay que agregar que estas acciones se iniciaron aún antes del golpe militar de 1976 y durante los gobiernos democráticos de Isabel y Juan Domingo Perón.

A la pregunta, de si el Estado argentino podía repeler estas agresiones usando fuerza mortal. La obvia respuesta es que sí. Lo que no podía hacer ese Estado era hacerlo al margen de la ley e incumpliendo los usos y costumbres de la guerra. Tal como sucedió, especialmente a partir del mencionado golpe de estado mediante una metodología tan eficaz como aberrante.

De hecho, ese Estado –aún antes del golpe militar– disponía de los instrumentos legales para combatir al terrorismo, los que habían sido sancionados por el gobierno de Isabel Perón. Por lo que la toma del poder político por parte de los militares careció de toda justificación. Aún con la paradójica admisión, hecha por parte de las organizaciones guerrilleras, de que el objetivo de sus acciones, también, era facilitar el golpe al provocar a los militares para justificar su lucha armada.

Una vez restablecida la democracia era un imperativo moral, tal como lo ordenara el presidente Raúl Alfonsín, enjuiciar, tanto a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; como a las tres juntas militares que dirigieron el país en esos años.

Posteriormente, tras varias sublevaciones militares, la Ley de Punto Final estableció la caducidad de la acción penal contra los imputados que no hubieran sido llamados a declarar. Luego, se aprobó la Ley de Obediencia Debida que determinó que los delitos cometidos por los miembros de las FFAA habían sido perpetrados en virtud del concepto militar, según el cual los militares se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.

Finalmente, el presidente Carlos Menen dictó una serie de decretos por los cuales indultó, tanto a los civiles como para los militares que hubieran cometido delitos durante la dictadura.

Pero, en un giro dramático y a contrapelo de esta tendencia, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó la nulidad de las leyes mencionadas. Luego, un fallo de una jueza federal las declaró nulas, dando así lugar al encausamiento de ellas bajo la figura de los denominados delitos de “lesa humanidad”.

Posteriormente, la Cámara de Casación Penal consideró que los indultos concedidos por el presidente Menen eran inconstitucionales. Fallo que fue confirmado luego por la Corte Suprema de Justicia.

Como consecuencia de estas últimas decisiones políticas y judiciales se reiniciaron los juicios a los militares, pero no a los terroristas. Con las siguientes consecuencias: primero se rompió la continuidad jurídica y la coherencia política del Estado. Segundo, se violó el principio jurídico de que ninguna ley penal puede ser retroactiva. Tercero, se empleó el concepto de “justicia del vencedor”, ya que los responsables de acciones terroristas no fueron juzgados. Y cuarto, muchos de los detenidos se encuentran sin debido proceso y se le niega el beneficio de la prisión domiciliaria pese a su avanzada edad, cuando no el acceso a una adecuada asistencia médica.

Después de más de una década de esta política, los resultados están a la vista. A saber: no sólo no se sirvió a la Justicia, pues al no haber juzgado a los terroristas, no cumplió con el imperativo de darle a cada parte lo que se merece; de paso, estableció reparaciones sólo para las víctimas del accionar del Estado, pero no para las producidas por el terrorismo, incluidos las producidas en democracia. Paralelamente, se cuestionó a las FFAA en su ethos particular. Colaborando con ello, no sólo a una división absurda en el seno de la sociedad, dificultando –de paso– el efectivo ejercicio de la defensa nacional.

Aún más grave pueden ser estas consecuencias en el futuro, si consideramos que hoy la República enfrenta una creciente ola de inseguridad bajo las formas del crimen organizado y el narcotráfico. Mientras, la estulticia de quienes nos gobiernan retienen importantes recursos necesarios para esa lucha para juzgar y custodiar a un grupo de ancianos.

Sin mencionar el hecho, nada despreciable, de que esa lucha no podrá ser efectivamente librada si antes no se restablece la moral y la consideración social de las fuerzas que –nos guste o no– son la última ratio para la supervivencia de ese mismo Estado.

El Doctor Emilio Luis Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de ‘El momento es ahora’ y ‘El ABC de la Defensa Nacional’.

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