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noviembre 23, 2016 4:12 pm

En cualquier legislatura de cualquier democracia, la discusión del presupuesto es probablemente el proceso legislativo más relevante del año ordinario. Este presupuesto es la coronación de un gran año legislativo, porque hoy también llegamos a este recinto con acuerdos amplios y consensos mayoritarios, que reflejaron en la votación una convicción política superadora de una dirigencia a la altura de las circunstancias en una provincia que necesita salir de un letargo de años para conquistar un futuro posible con igualdad de oportunidades y recuperación productiva, social y cultural.

La gestión provincial se caracteriza por tres virtudes: austeridad en la gestión, federalismo en la distribución de recursos y obras, y abordaje sensato y consensuado de los grandes temas de Mendoza, como la seguridad. Es así que el presupuesto expresa austeridad, federalismo y sensatez. Es el presupuesto de una Mendoza que recuperó conducción política y rumbo colectivo.

Y aunque reiteradamente se señale desde distintos sectores, a los legisladores como la expresión de la política ineficiente e ineficaz, esta provincia recuperó el rumbo con una Legislatura a la altura de las circunstancias, de las demandas sociales y del desafío histórico que implica devolverle a Mendoza el protagonismo que merece.

Específicamente en materia presupuestaria, hay tres mensajes que considero política, productiva y financieramente relevantes.

El mensaje político, el de una provincia que construye previsibilidad. Hace un año en Mendoza no teníamos presupuesto para 2016 y, peor aún, no teníamos el dinero para pagar los sueldos de diciembre y el medio aguinaldo. Luego de un año de estricta austeridad e intensa gestión, se le puede decir a los mendocinos, a los empleados públicos y a los capitales dispuestos a desembarcar en nuestra provincia, qué, cómo y con qué medios vamos a caminar en 2017.

El mensaje productivo es concreto y tiene una carga emblemática: más de 100 actividades tendrán rebajas impositivas; por primera vez en más de 20 años, las alícuotas no suben, se reducen, y se encamina a la provincia a una presión fiscal menor, que quita las manos del Estado del cuello de los mendocinos.

Hay otro mensaje ligado a lo productivo, a una provincia con iniciativa. El presupuesto que sancionamos, prioriza a la inversión pública, ya que los gastos de capital crecerán al doble de lo que lo hacen los gastos corrientes. Ese es un buen indicador de una provincia que lejos de retraerse sobre su estructura burocrática, se expande con sentido productivo.

Finalmente lo financiero. El presupuesto incluye endeudamiento, pero con un criterio y finalidad diametralmente diferentes a los endeudamientos anteriores. Esto, por dos razones: primero, porque el endeudamiento es sensiblemente inferior al del año pasado, un 25% específicamente; y segundo, porque la deuda no es para cubrir gastos corrientes sino para inversión productiva y social, inversión que genera empleo  y mejora las condiciones de vida de los mendocinos.

También hay que destacar el rol de una oposición responsable, que acompaña el pedido de financiamiento en una provincia que está en proceso de saneamiento, pero que exige claridad respecto al destino de los fondos requeridos. Ha sido un año plagado de duros desafíos para la política provincial, un año de austeridad política, de responsabilidad ciudadana y especialmente, de recuperación de la mirada de largo plazo que durante décadas distinguió a Mendoza y que había mutado en una miopía lacerante, que comprometió seriamente la viabilidad de esta provincia.

El presupuesto 2017 es la mejor coronación de un año políticamente intenso y legislativamente fructífero. Mendoza ya tiene su presupuesto. Quienes adscribimos al Gobierno provincial, nos llevamos la obligación de ejecutarlo con decencia y eficiencia; quienes se encuentran circunstancialmente en la oposición, la responsabilidad de controlar y exigir explicaciones. Y todos, mendocinos y mendocinas, nos llevamos  la tranquilidad de tener una provincia que está en marcha.

Código Procesal Penal unificado

Nos encontramos ante una propuesta que lejos de innovar y modificar, viene a reparar una deuda histórica de la provincia con los mendocinos. Hasta hoy, un delito cometido en Malargüe era analizado, y sus imputados tratados, con distintas leyes procesales que el mismo delito en Lavalle. Tenemos una provincia con dos Códigos profundamente distintos. Uno moderno, que expande y reconoce derechos y agiliza procesos; y otro antiquísimo, restrictivo en materia de derechos y pesado en términos procesales. Esta anomalía de tener una legislación vigente sin aplicación en buena parte del territorio provincial, perduró durante 17 años.

La implementación del CPP en las Segunda y la Cuarta Circunscripción Judicial, no hace sino dar cumplimiento a una Ley del año 1999. Se votó con absoluto convencimiento, pero con cierta vergüenza de Estado: hasta aquí llegamos por falta de gestión política, judicial y legislativa.

Por eso digo que aquí no estamos rompiendo moldes ni tirando globos de ensayo. Simplemente, Mendoza está reparando una deuda con sus ciudadanos. La Ley 6730, que dispuso la implementación, una década antes que en la Nación, del sistema acusatorio en reemplazo del sistema inquisitorio, constituyó un importante avance para el proceso penal, tanto por las garantías que otorga como por la celeridad en las investigaciones.

Esa ley que fue de avanzada en su sanción, fue vergonzosamente dilatada en su aplicación.

Hoy los legisladores tienen en sus manos la herramienta que hará posible terminar con esta desigualdad y le permitirá a la Justicia mendocina instrumentar una única manera de investigar los delitos, situación que es un permanente reclamo de quienes siguen padeciendo una metodología burocrática y obsoleta que no se condice con los tiempos actuales.

Es un primer paso. El Poder Judicial todo y el Ministerio Público, en particular, deberán adecuarse para la instrumentación gradual de las nuevas medidas, tarea que requerirá un gran esfuerzo de los magistrados y el personal que, sin dudas, harán y redundará en un beneficio colectivo.

Celeridad, transparencia, agilidad en los procesos. Los principios políticos con que el gobierno de Mendoza  inició las reformas judiciales más profundas y significativas desde el regreso de la democracia, se fortalecen con una medida sensata e increíblemente demorada. La unificación de todo el territorio provincial en un solo régimen de procedimientos penales, es un paso más en la tarea de poner a los tres poderes del estado, cada vez más cerca del ciudadano y sus necesidades, trabajando coordinadamente. Es un paso más para construir una Mendoza más igualitaria y más justa.

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