chau dilma

agosto 11, 2016 9:13 pm

El Senado de Brasil ha decidido ayer miércoles seguir adelante con el proceso de ‘impeachment’ contra la presidenta suspendida en funciones, Dilma Rousseff, a quien enviará a un juicio político por presuntas irregularidades contables.

Tras aprobarse la semana pasada con una holgada mayoría, 14 votos a favor y cinco en contra, en la comisión especial para el juicio político de Rousseff, el pleno del Senado ha aprobado este miércoles, tras cerca de 17 horas de deliberaciones, continuar con el proceso, por 59 votos a favor por 21 en contra, más una abstención, según ha informado la Agencia “Brasil”.

Para continuar con el proceso era necesario el visto bueno de una mayoría simple, al menos 41 de los 81 legisladores, para obtener la aprobación definitiva.

El resultado de la votación se ha aproximado a lo esperado por el Gobierno del presidente en funciones, Michel Temer, quien estimaba que recibiría unos 60 votos a favor del juicio. Ahora, ambas partes tendrán que presentar en un plazo de 48 horas la acusación y la defensa, además de un máximo de cinco testimonios. Ahora, el veredicto de la cámara alta será enviado al Tribunal Supremo Federal (TSF) para que fije la fecha del juicio político, que se celebrará en el Senado y estará dirigido por el presidente del “TSF”, Ricardo Lewandowski, quien ya ha sugerido como fecha tentativa el 25 de agosto.

Si durante el ‘impeachment’ un mínimo de 54 senadores hallan culpable a la mandataria latinoamericana, entonces será apartada definitivamente del cargo y será inhabilitada para los próximos ocho años. El único precedente en Brasil es el del ex presidente Fernando Collor de Mello.

Rousseff fue suspendida el pasado 12 de mayo por el Senado para llevar a cabo una investigación de un máximo de 180 días con el fin de decidir sobre el ‘impeachment’. Desde entonces Temer, su vicepresidente, gobierna de forma interina.

El Congreso investiga si Rousseff incurrió en un “crimen de responsabilidad” al aumentar el gasto público durante la campaña electoral para su ratificación en el cargo, en 2014, sin contar con el visto bueno del Parlamento, tal y como exige la legislación brasileña.

 

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