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noviembre 15, 2016 10:30 am

La inseguridad es uno de los problemas centrales del país para la mayoría de los argentinos, pero la sociedad está dividida frente al diagnóstico y la posible solución del flagelo, revela un un estudio estadístico de una consultora especialista en la temática.

Algunos de los encuestados ponen el foco en la educación, mientras que otro grupo apunta a endurecer las leyes y buscar personal idóneo para corregir errores judiciales y policiales.

Según un estudio de la consultora Opina Argentina, que entrevistó a mil personas de diversos puntos del país como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, San Juan y Neuquén, entre otros, que publica hoy el Diario Popular, un 56% se volcó hacia las deficiencias en lo punitivo y un 41% de los encuestados apuntó a un mix entre la situación social del país con las raíces estructurales en la falta de valores.

Con una discusión que data de al menos 26 años, y en la que apenas un 3% de los encuestados decidió no contestar, los argentinos confirmaron la existencia de posturas antagónicas.

Existe un primer grupo compuesto por un 30% que considera que se da porque las leyes son muy blandas con los delincuentes y un 26% que cree que es la culpa de jueces y policías, mientras que la segunda posición cuenta con un poco menos de adhesión y está integrada por un 23% que insiste en que la problemática se produce por la pobreza y la situación social y un 18% que lo aduce a la falta de valores culturales.

Esta especie de grieta se amplía cuando se habla sobre posibles medidas para acabar con el tema. Es que, prácticamente en igual proporción, un sector, que alcanza al 47% de consultados, insiste en endurecer las leyes y hacerlas cumplir con fuerzas de seguridad mejor preparadas, mientras que un 49% le pide al Estado que invierta en asistir y formar desde la temprana edad.

Los números de la consultora indican que un 38% cree que la mejor alternativa es aumentar las penas y aplicar mano dura, mientras que un 9% habló de tener más policías y mejor equipados. A la vez, del lado antagónico, un 35% habló de invertir más dinero en educación pública y un 14% en hacer lo propio con ayudas sociales.

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