alquiler

julio 2, 2016 10:03 am

Con el objetivo de paliar la cada vez más asfixiante situación de los inquilinos, la organización Inquilinos Agrupados impulsa la extensión del beneficio de la tarifa social en los servicios públicos a quienes alquilan por menos de 14 mil pesos por mes. Pese a que la ONG asegura que hay un compromiso de palabra del Gobierno de empezar a implementarlo en la provincia de Neuquén para luego continuar con otras regiones, desde el oficialismo lo relativizaron.

A finales de mayo hubo un primer encuentro entre los representantes de Inquilinos Agrupados y el director de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño. Según contaron desde la organización, se llevaron una promesa de comenzar a trabajar el tema, algo que desde el Gobierno minimizaron. “No depende de nosotros, sino del Congreso”, explicaron a Infobae, pese a que nada impide que el Poder Ejecutivo impulse leyes. El principal obstáculo para una eventual implementación de la medida es que la enorme mayoría de los contratos son en negro. Por eso, supuestamente Blanco Muiño se comprometió a arrancar por Neuquén, donde hay un alto índice de locaciones regulares.

Lo cierto es que el diálogo en Neuquén comenzó, pero –según las ONG que participaron– llegó a un punto muerto. Desde la propia oficina de Defensa del Consumidor provincial les dijeron que el problema era que no se podían comunicar con Blanco Muiño. En el entorno del funcionario lo negaron rotundamente y aseguraron que fue uno de los tantos temas por los que justamente Blanco Muiño viajó ayer a Neuquén como parte de una comisión encabezada por el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

Al margen de esas discrepancias, esta semana hubo un nuevo encuentro entre el titular de Defensa del Consumidor y los representantes de Inquilinos Agrupados, quienes se llevaron, supuestamente, una nueva promesa de agilizar el tema Neuquén y sumar a la ciudad de Córdoba, donde también buena parte de los contratos tienen el timbrado oficial. La ONG le pidió a Blanco Muiño que, además, convoque a una reunión de trabajo con las autoridades de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires para que la tarifa social también beneficie a los inquilinos porteños, la mayoría de los cuales tiene contratos en negro, lo que representa un enorme bache a esquivar. Ese encuentro se concretará el próximo martes a la mañana, aunque no se limitará al diálogo sobre la tarifa social, ya que también incluirá dos reclamos históricos en torno a los abusos de las inmobiliarias y el pago de expensas.

“Son muchas las leyes que no se cumplen en los alquileres de la Ciudad de Buenos Aires y que dependen de Defensa del Consumidor. Es fundamental que el Gobierno porteño se involucre en el tema, porque hasta ahora ha sido un espectador”, declaró a este medio Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.

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