Julio De Vido

mayo 24, 2016 3:48 pm

El ex ministro de Planificación  Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, fue imputado  hoy por el pago de sobreprecios en la realización de distintas  obras públicas en la provincia de Santiago del Estero desde  2005.

La decisión fue tomada por el fiscal federal Patricio Evers, quien imputó al dirigente del Frente para la Victoria en  la investigación que tiene en su poder la jueza María Romilda  Servini de Cubría.

En ese expediente, el denunciante, Roberto Ángel Azzareto,  acusó al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina de ser el  recaudador de los sobreprecios en tareas de repavimentación de  rutas o construcción de edificios públicos.

Según Azzareto, desde el 2005 en adelante se favoreció con obra pública a la provincia de Santiago del Estero,  financiada por el Gobierno Nacional, y que el modus operandi “se  daba a través del ex ministro de Planificación Federal De Vido,  que determinaba qué obras y a qué precios debían realizarse y a  qué empresas debían otorgarle la concesión”.

Las tareas bajo sospecha son el complejo de oficinas del Ministerio de Economía y Educación de Santiago del Estero por  el cual intervino la empresa Panedile, y por la cual se  hicieron dos torres en donde se pagó el metro cuadrado cinco  mil dólares, cuando según el denunciante el valor de mercado  era de mil dólares.

También se investiga la repavimentación de la ruta  provincial que une la ciudad de Loreto con Frías, que costó  aproximadamente unos 500 mil dólares.

Además, Azzareto acusó que hubo sobreprecio de 100 mil  dólares en una obra de la firma Panedile sobre el dique de  Figueroa del Río Salado, y que aseguró que no pudo haber tenido  un costo mayor de 30 mil pesos.

Otra de las obras que el fiscal pidió investigar es en el Aeropuerto de Termas, ubicado a 70 kilómetros del Aeropuerto de Santiago del Estero.

Como primera medida, el fiscal reclamó se cite a declarar al denunciante para ampliar su declaración sobre los hechos.

De Vido está procesado por la tragedia ferroviaria de Once,  y la semana pasada fue indagado en dos causas: una por la  compra irregular de trenes a España y Portugal, y en otra por  no llamar a licitación de los contratos de ramales  ferroviarios, tal cual prevé la ley.

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