Judge Tomka, President of the International Court of Justice, presides over the verdict regarding a maritime dispute between Chile and Peru in the Hague

agosto 7, 2014 4:43 pm

Es el marco de la discusión entre el Gobierno argentino y los fondos buitre sobre el pago de bonos, se presentó una demanda ante La Haya por la violación de Estados Unidos de “su obligación internacional de respetar la soberanía” de la Argentina y los inconvenientes que esto representa para el proceso de reestructuración de deuda pública, según informó la agencia oficial de noticias Télam.

En este sentido, indicó que través de un comunicado, “el Gobierno precisó que la denuncia presentada en La Haya acusa a los Estados Unidos de no respetar las ‘inmunidades soberanas’ argentinas y ‘su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado’. La responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge principalmente de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial, a través de la adopción de decisiones que vulneran la determinación soberana de la Argentina de reestructurar su deuda externa”, remarcó el texto oficial, según publicó Télam en su portal.
 
De acuerdo a la posición argentina, “dado que un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la Argentina y los Estados Unidos”, que el gobierno nacional “somete a la Corte Internacional de Justicia para su resolución”. De esta manera, el Gobierno destacó que se le brinda “a los Estados Unidos la oportunidad para resolver esta controversia de conformidad al derecho y a la justicia”.
 
Asimismo, subrayó que “para el caso que los Estados Unidos no aceptaran la competencia de la Corte, la Argentina entiende que ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo para resolver la presente controversia de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la OEA y del derecho internacional general, que imponen a los Estados la obligación de solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos”.

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