policia_asalto

septiembre 20, 2014 9:05 am

Inseguridad, palabra y acción que carcome cual virulento cáncer el tejido social. Una cuestión que creció monstruosamente en todas las direcciones de la vida de los argentinos en general y de los mendocinos en particular. Es decir que casi no hay lugar, ni persona que no hayan sido alcanzadas por la inseguridad en sus múltiples y sucias modalidades. Pero todas, absolutamente, con alto grado de ese oscuro accionar que en la mayoría de las veces termina apagando una o varias vidas.
La inseguridad fue creciendo de la mano de inequidades sociales, que procrearon pobreza e indigencia sin parar. Eso hizo que todo el andamiaje de la comunidad se resintiera severamente. Fundamentalmente la familia, la educación y los valores que sirven de parámetros de convivencia en toda sociedad con altos grados de consciencia y superación. Pero también existieron otros letales elementos que atizaron la inseguridad. Narcotráfico, trata y el desmadre de la estructura institucional, incapaz de dar en la última década respuestas con adecuadas políticas de estado. Cuestión que le ha valido en mediciones internacionales que nuestra Nación se ubique en los últimos lugares de países seguros del orbe.
Miradas que ven que hay muchos asaltos, motochorros y que la frecuencia de robos en casas, comúnmente llamadas entraderas, Argentina se encuentra entre las más altas de la región. Para completar el duro escenario, la pincelada gruesa de la corrupción que dice mucho y engrosa mucho al estado inseguro. Porque si precisamente la inseguridad aumentó aún más, es porque la delincuencia organizada y potenciada obtiene adeptos a pasos agigantados en la arena política, en el campo judicial y del derecho, como así también en fuerzas policiales y de seguridad. Entonces, a nadie puede extrañar que pocos potenciales candidatos a la presidencia de la Nación hablen con cabal convicción de enfrentarla primero y terminarla después.
La gente deberá hacerse en forma permanente algunas preguntas a modo de memoria colectiva para tener real magnitud de lo que ocurre “abajo” después del descarado desmadre en las cumbres del poder político argentino. “Ese abajo” donde todos, absolutamente, nos encontramos enredados y encerrados por el violento saqueo que a cada instante nos somete la inseguridad y sus repugnantes protagonistas, ya sea en la vía pública, en el supermercado, en la panadería, en el banco, en las escuelas, en los clubes, en nuestras casas y en todo sitio que implique para el delincuente robar y matar.
El muestrario de todo esto es tan duro y doloroso como el espanto, el miedo y la decepción de la ciudadanía. A modo de ejemplo se muestra en el dolor de la humilde familia Miranda, que con lágrimas de incomprensible dolor piden justicia por el demencial asesinato de Mauro Fabricio Miranda. Ese jovencito que a los 16 años encontró la muerte bajo los balazos que le propinó un oscuro sujeto protegido vaya uno a saber por qué poder político-delictual que abonó una fianza de 50 mil pesos para que siga libre.
Tan incomprensible situación como la que por estos días les ha tocado vivir a familiares de víctimas de otros delincuentes. Como lo que han tenido que vivir Alejandra Castro y su hija Alejandra Zapata tras el asesinato de Augusto Américo Zapata en el año 2001 durante un robo que perpetrara el delincuente juvenil Ricardo “el Perro” Videla. Mujeres que hoy, azoradas, miran como el estado protege pos mortem a la familia de Videla al indemnizarla con 250 mil pesos por la detención, proceso judicial y muerte en la cárcel mendocina del menor.
Condición que precisamente contiene el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que “el organismo consideró que dicha pena, por su propia naturaleza, no cumple con la finalidad de la reintegración social del niño, ya que implican la máxima exclusión del niño de la sociedad, de tal manera que operan en un sentido meramente retributivo, pues las expectativas de resocialización se anulan a su grado mayor. Además, por su desproporcionalidad, la imposición de dicha pena constituyó un trato cruel e inhumano para este joven, y porque además violó el derecho a la integridad personal de su familia”.
Un argumento que ha golpeado duro el corazón de la familia Zapata, que no tuvo el mismo trato tras el asesinato de Augusto, el que no tuvo la familia del jovencito Miranda y el que no tuvieron todas las familias de las víctimas de la
inseguridad. Inseguridad de la que vivimos hablando y de la que no dejaremos de hablar. Porque no debemos dejar de hablar y reflexionar sobre algo que por su condición dañina y letal supera en los temas de la gente a la indomable inflación, a la pobreza y a la desocupación.
Y que por ello, como perenne gota de agua taladrando la roca, de tanto expresarlo, quizá –y solo quizá– alguna vez aparezca esa consciencia, honorabilidad y sensatez de quienes gobiernan para erradicarla de nuestras vidas. Solo, claro está, cuando estas tres virtudes surjan de una dirigencia que hasta ahora hace el mezquino juego de hacer política.

Daniel Gallardo – Periodista y productor Estudio Cooperativa 91.7

Dejá tu opinión

comentarios