Jorge y Alfredo

junio 13, 2016 7:30 pm

El Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos, por medio del Programa Nacional de Asistencia  para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la  Administración de Justicia (ADAJUS), fue autorizado por la  Justicia de nuestra provincia a intervenir en la causa de Jorge Gandur.

Gandur, de 60 años, tiene Síndrome de Down y su hermano  Alfredo padece una enfermedad renal que lo obliga a recibir  diálisis permanente.

La Justicia local negó, en primera instancia, la  posibilidad de que tuviera lugar un trasplante de riñón entre  hermanos, al entender que Jorge no cumplía con el requisito  jurídico de ser capaz.

ADAJUS se presentó ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y  Minas número N° 4 de Mendoza, con el  aval del Defensor de  Personas con Discapacidad de Mendoza y la Asesora de Menores,  con la intención de ayudar a Gandur a comprender la importancia  y el alcance del trasplante de uno de sus riñones y de los  riesgos que este tipo de cirugías conllevan.

Existen dos normas en conflicto: por  un lado, la Ley de Trasplantes de Órganos y Materiales  Anatómicos que expresa que podrán ser donantes las personas  capaces y mayores de 18 años.

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de las  Personas con Discapacidad dice: “Los Estados Partes reconocerán  que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en  igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de  la vida”.

El nuevo Código Civil y Comercial establece que el Estado  deberá proporcionar los apoyos necesarios que pueda necesitar la  persona para el ejercicio de su capacidad jurídica e indica que  se asegurará que las personas con discapacidad tengan acceso a  la Justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso  mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad.

Una de las funciones principales del Programa Nacional de  Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones  con la Administración de Justicia es intervenir en casos en los  que exista una barrera comunicacional entre la persona con  discapacidad y su interlocutor.

Gandur tiene derecho de acceder en igualdad de condiciones a  la justicia, comunicación e información, a través de  procedimientos adecuados.

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