colera

agosto 18, 2016 10:00 pm

A mediados de octubre de 2010, Haití luchaba contra la destrucción provocada por un terremoto catastrófico sufrido en el Sur de su territorio diez meses antes. Fue entonces cuando se empezaron a registrar las primeras muertes por cólera en las comunidades que vivían a lo largo del río Meille. La epidemia que siguió a los contagios acabó costando la vida a 10.000 personas, de las 800.000 que contrajeron la enfermedad.

Las primeras víctimas estaban cerca de una base de Naciones Unidas, donde se alojaban fuerzas de mantenimiento de la paz de Nepal, un país que en esos momentos había sufrido un brote de cólera. Numerosos estudios coinciden en que esa base, que expulsaba sus aguas residuales al río Meille, fue la responsable del destructivo brote en Haití, un país incapaz de hacer frente a una urgencia sanitaria tras el terremoto, que afectó a tres millones de personas.

La ONU ha negado de manera repetida cualquier responsabilidad en la epidemia y se ha negado a ser juzgada por ello en demandas que buscaban la compensación de las víctimas. Hasta ahora. Farhan Haq, un portavoz del secretario general, Ban Ki Moon, aseguró al “The New York Times” que: “durante el último año, la ONU ha entendido que tiene mucho más que hacer en relación con su implicación en el brote inicial del cólera y en el sufrimiento de los afectados”. Además, informó que habrá una nueva respuesta oficial “en los próximos dos meses, una vez que está completamente elaborada, consensuada con las autoridades haitianas y discutida con los Estados miembros».

La reacción de la ONU tiene que ver con la presentación de un informe externo a la organización por parte de Philip Alston, un profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York, que asesora desde hace mucho tiempo al organismo. Alston concluye que el brote de epidemia “no se hubiese producido si no fuera por las acciones de Naciones Unidas”.

Para Alston, la actuación de la ONU en relación al cólera en Haití es “moralmente inadmisible, legalmente indefendible y políticamente contraproducente”. La negación de su participación y su oposición a compensar a las víctimas “establece un doble estándar, según el cual la ONU insiste en que los Estados miembros respeten los derechos humanos, mientras que rechaza cualquier responsabilidad de este tipo para sí misma”.

Aunque el portavoz no admitió que fuera la ONU quien provocara la epidemia ni dio muestras de que su posición legal (no aceptar demandas sobre compensación escudándose en la inmunidad diplomática) vaya a cambiar, sí colaborará en responder al informe, que Alston presentará en setiembre ante el pleno de la Asamblea General.

Las compensaciones para las familias de las víctimas y para los afectados podría ascender a 40.000 millones de dólares, una cantidad inasumible para la ONU y que Alston asegura que debe servir de advertencia de que la organización debería haber buscado “el remedio apropiado”.

 

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