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septiembre 12, 2016 2:01 pm

La gran mayoría de los mendocinos han recibido afirmativamente una medida que permitió que nuestros hijos volvieran a “conocer a sus maestros”, cortando en gran medida los constantes pedidos de licencias y la práctica de presentar certificados truchos y de enfermedades imposibles de confirmar, pero que posibilitaban la ausencia de los maestros a los colegios, aunque a la vez asistían a otras actividades paralelas.

¿Quién no ha visto a alguna maestra con licencia atendiendo su propio negocio? Esta práctica de abusos con la complacencia de los gremios se cortó abruptamente con la creación del ítem que obliga a los maestros a la asistencia a su trabajo –salvo en casos muy especiales y atendibles– y, de ese modo, obtener un plus importante para su remuneración.

Si bien es cierto que al principio se limitaba a unos escasos días de enfermedad, luego el Gobierno lo modificó y permitió más posibilidades para que la gran mayoría de los maestros trabajadores lo tenga. El ítem aula ha sido uno de los grandes éxitos del Gobierno, avalado por los mismos padres que pudieron ver las ventajas de la medida. Tan es así, que varios gobernadores quieren aplicar en sus provincias la idea implementada por Cornejo.

Viejas prácticas

El ítem aula no hubiera sido necesario de no haber existido más de seis mil maestros con licencia, la mayoría por estrés y problemas de hiato, enfermedades poco comprobables y que facilitaba que muchos cobraran el sueldo del Estado mientras también trabajaban en forma privada, ya sea atendiendo sus propios negocios o para algún particular.

Un verdadero despropósito que era conocido por los sindicalistas, quienes para seguir manteniendo sus privilegios hacían la vista gorda a un problema que cada vez se hacía más insostenible y que requería una fuerte salida de dinero de las arcas provinciales.

A esas licencias hay que agregarles miles de maestros con cambios de función, algunos necesarios y otros no, además de abusos de adscripciones y una gran cantidad que tiene licencia gremial. Si un educador no concurre a clase y, en cambio, goza de derechos sindicales que les permiten viajes y remuneraciones extras, ¿cómo consideran que ellos tienen que cobrar el ítem sin dar clases en los colegios?

En consecuencia, la medida ha sido buena por donde se la mire y los principales agradecidos son nuestros hijos, que ya conocen por su nombre a sus maestros.

Jueces imparciales

Una prueba de fuego se define en octubre, y es la continuidad o no del ítem aula, ya que será la Suprema Corte mendocina la que decida acerca de su legalidad. A simple vista y teniendo en cuenta las mejoras para la comunidad, no tendría que ser problemático el visto bueno de los supremos para que esta medida siga rigiendo y continúe dando los beneficios que todos conocemos.

Claro que tener jueces imparciales es lo obvio, pero lamentablemente en nuestra querida Mendoza los jueces, en su mayoría, han sido designados de la mano de la política, y eso conlleva a que sean más fieles a los intereses partidarios que al equilibrio de la balanza judicial. Aunque hay que reconocer que a medida que pasan los años algunos entienden su función y de a poco se van alejando de sus orígenes políticos, y de ese modo desempeñan su función de la manera más imparcial posible.

En los pasillos judiciales no son pocos los comentarios sobre la supuesta parcialidad de algunos jueces, y a la hora de las sospechas todas las miradas se posan en el supremo Omar Palermo, uno de los últimos y más jóvenes en entrar al máximo organismo judicial, a quien todos asocian al kirchnerismo y a Justicia Legítima.

Los mendocinos conocieron rápidamente su forma de pensar y actuar en la Justicia cuando propuso, apenas asumido Cornejo a la Gobernación, medidas que hubieran permitido salir de la cárcel a una gran cantidad de delincuentes sin condena, mientras el nuevo mandatario hacía su campaña asegurando que era su decisión terminar con las puertas giratorias que permiten que un delincuente entre y salga rápidamente para volver a delinquir.

En esos pasillos, los rumores aseguran que Palermo continúa con sus ideas garantistas, además de ser reconocido su origen justicialista en el departamento San Martín. Sería bueno entonces que este abogado con vocación por la justicia se ponga en los pantalones de cualquier padre que envía a su hijo a un colegio público para que reciba la mejor educación, para que cuando llegue el momento de su voto sea lo más racional posible y se olvide de mezquindades declarando la legalidad de una medida aplaudida por una gran mayoría, inclusive por los propios maestros, sólo denostada por algunos sindicalistas como Macho, Mateluna y Blas.

La Justicia debe estar abocada a que se terminen los privilegios de unos pocos y defender el interés general de todos los mendocinos

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