FFAA Argentina

mayo 27, 2016 9:54 am

Hemos mencionado en artículos anteriores que toda fuerza militar es, ante todo, una organización compleja conformada por una trilogía de hombres, ideas y “fierros”. Destacamos como el más importante a su componente humano, seguido por su cultura organizacional (ideas) y su equipamiento (“fierros”).

Hoy nos dedicaremos a las ideas. Ellas conforman, lo que se denomina, su doctrina de empleo. Vale decir, la forma como los hombres de las fuerzas militares emplearán los medios materiales para cumplir con las distintas misiones. A diferencia de los “fierros”, las ideas no se pueden comprar “llave en mano”. Ellas exigen en primer lugar una elaboración previa y posteriormente, que las mismas sean aprendidas por el grupo de hombres que deberá emplearlas en caso de guerra o de conflicto. Y este no es un proceso sencillo. Demanda por lo general años de educación y de adiestramiento.

Por sobre las ideas se encuentra el marco legal que rige el empleo de las Fuerzas Armadas en ejercicio por parte del Estado, del monopolio del uso legítimo de la fuerza.

En ese sentido, no han sido pocos los políticos y los expertos que recientemente han fundamentado que dicho marco legal es inadecuado para enfrentar a las nuevas realidades de la defensa y de la seguridad. Y esto se debe a las notorias contradicciones en la legislación vigente. Veamos.

Un poco de historia

Durante la presidencia del doctor Raúl Ricardo Alfonsín se sancionó, el 5 de mayo de 1988, la Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional. Ella derogó la Ley Nº 16.970 dictada en el año 1966. La misma respondió a la necesidad de modernizar el funcionamiento del área de la defensa y principalmente adecuar a las FFAA a las exigencias del mundo de esa época. Una por cierto, ya superada.

Fue reglamentada durante la presidencia de Néstor Kirchner mediante el decreto del Poder Ejecutivo N° 727/2006. Esta reglamentación lamentablemente y, pese a que habían trascurrido 18 años, no introdujo una necesaria actualización del sistema de defensa nacional.

Especialmente para enfrentar a los nuevos desafíos de la época como el terrorismo y la expansión transnacional del crimen organizado; así como las consecuencias indeseadas del cambio climático.

Conceptualmente la reglamentación tomó como base la Resolución 3.314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1.974, que establece las siguientes formas de agresión. A saber:
• La invasión de un Estado por otro;
• El bombardeo;
• El bloqueo de puertos o de costas de un Estado;
• La utilización de las FFAA de un Estado que se encuentren en un estado extranjero;
• La disposición de un territorio propio de un estado para que otro estado pueda agredir a un tercero;
• El envío por parte de un estado de grupos irregulares (generalmente denominados “paramilitares”) o mercenarios que lleven a cabo actos armados contra otro estado.

Inexplicablemente la ley sancionada sólo consideró como amenazas a aquellas que provienen de otros estados, materializadas en ataques por parte de sus Fuerzas Armadas. Hoy, estas amenazas han pasado a ser las menos probables; ya que la masa de los conflictos tiene lugar en el seno de las naciones. Ya que hoy, son las agresiones por parte de grupos no-estatales, como grupos terroristas o narcotraficantes, las más extendidas y probables.

Por otro lado, y dentro del mismo marco legal, se encuentra la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior promulgada el 6 de enero de 1.992 por el gobierno del doctor Carlos Menen. Esta ley establece dos variables principales para el empleo de las FFAA en situaciones de seguridad interior. La primera, es que ellas concurrirán en apoyo de las fuerzas de seguridad y policiales empeñando sus medios logísticos, de ingenieros y comunicaciones. La segunda y más controversial, permite el empleo de sus elementos de combate; pero sólo: … “Para el restablecimiento de la seguridad interior […] en aquellos casos excepcionales […] a criterio del Presidente de la Nación, y previa declaración del estado de sitio”. A pesar de ello, a su vez, determina que: “La misma no incidirá en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas”.

En pocas palabras, no sólo puede advertirse una clara contradicción entre el espíritu de las leyes y la reglamentación citadas; ya que una considera inaceptable el uso pleno de las FFAA en conflictos internos mientras que la otra lo permite. Con el agravante de que si bien la de Seguridad Interior permite el empleo de las FFAA, lo hace sin permitirles prepararse ni equiparse para ello. Lo que constituye una falencia importante. Porque como tantas veces hemos destacado en esta columna, las batallas se ganan en los preparativos. Razón por lo cual, mal puede ganarlas quien no se preparó para ellas.

Un principio de solución

Después de estas observaciones no podemos cerrar esta líneas sin siquiera esbozar un principio de solución para el problema planteado.
Al respecto y, por el momento, sólo diremos que se debe partir de considerar a la seguridad y a la defensa como herramientas complementarias, por las cuales el Estado hace uso legítimo de la fuerza a fin de conquistar y mantener un ambiente nacional y regional estable y seguro para todos los argentinos.

Ambos conceptos se deben enlazar con un desarrollo sustentable; puesto que para que un país pueda desarrollarse, necesita de una condición de seguridad y la acción del sistema de defensa si fuera necesario. Por otro lado, este desarrollo es el que garantizará la generación de los medios necesarios para la defensa y la seguridad.

A su vez, sin un sistema de alianzas adecuado -especialmente a nivel regional- no habrá un sistema de defensa y de seguridad que pueda mantener a ese ambiente seguro.

Para terminar, podemos concluir que las FFAA no son sólo “fierros” manejados por hombres bien adiestrados. También, hay que reconocer que existe el componente intangible de las ideas que gobiernan su empleo. Al respecto, la historia nos enseña que fuerzas militares pobremente equipadas pero con ideas claras lograron derrotar a otras mejor provistas, pero que no tenían una doctrina de empleo adecuada.

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