Lazaro Baez

mayo 16, 2016 3:14 pm

El empresario detenido Lázaro Báez pidió hoy a la Cámara Federal que le otorgue la libertad y  decrete la nulidad de su procesamiento por lavado de dinero,  además de que le sean devueltos todos los bienes que fueron  secuestrados, así como los de su hijo Martín, también imputado en  la causa.

Además, reclamó que se deje sin efecto el embargo que le trabó el magistrado y el secuestro de los vehículos y todos los bienes  registrables a nombre suyo y de su hijo.

Báez presentó la apelación ante la Sala II de la Cámara  Federal, que ahora revisará los procesamientos dictados en su  contra, la Martín Báez, Federico Elaskar, Leonardo Fariña, Fabián  Rossi, el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián; y  Walter Zanzot, presidente de la firma Top Air, asociada al  empresario ahora detenido en el penal de Ezeiza.

El planteo del dueño de Austral Construcciones fue luego de que  la Justicia detectara más de 150 propiedades a su nombre en el sur del país, que ahora se van a tazar y liquidar para ejecutar el  embargo, ya que el juez le fijó en la suma de 100 millones de  pesos al procesarlo.

Los allanamientos fueron realizados días atrás en Santa Cruz y  Capital Federal por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, que  esta semana siguió con otros operativos en la provincia de Chubut,  al descubrirse otros 26 bienes y un campo de miles de hectáreas.

“La gran mayoría de bienes objeto de la injerencia indebida por  la jurisdicción fueron adquiridos mucho antes de los hechos de que se trata esta causa”, sostuvo el empresario en el escrito.

Además, cuestionó que los embargos fueron resueltos sin que  hubiera sentencia firme, pues aún el procesamiento no fue revisado  por las instancias judiciales superiores.

“De ningún modo la norma habilita ni otorga al juez un poder  ilimitado respecto de la totalidad de los bienes de las personas  sobre las que recae una imputación formal”, añadió Báez.

Mientras tanto, Casanello tiene pendiente resolver si procesa o no a Báez y a su hijo Martín por los 208 millones de pesos que  ingresaron a las cuentas de Austral Construcciones desde la suiza  Helvectic Group, operación que el juez sospecha que podría haber  sido otra maniobra de lavado de dinero.

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