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enero 6, 2015 8:39 am

Los reiterados cortes en los servicios de agua y energía eléctrica llevó a que la ONG Protectora realizara una demanda masiva solicitándole al Estado que indemnice a los usuarios perjudicados y desligando a las empresas proveedoras del servicio, ya que estas han sido perjudicadas por una falsa promesa de subsidios de parte de la Nación.

José Luis Ramón, titular de la ONG, indicó los motivos de esta acción legal: “En diciembre de 2013 se produjeron apagones y en enero de 2014 hubo tormentas que provocaron la falta de agua y serios problemas de servicios públicos que tienen que ser prestados con continuidad y en forma ininterrumpida. A fines del 2014 se vuelve a producir la situación de alto consumo de energía eléctrica y se prolongan los apagones en vastos sectores de la sociedad mendocina, sobre todo en lugares donde hay mucha vulnerabilidad social y mucha dificultad para poder hacer los reclamos. Por ello, realizamos la denuncia ante los dos entes de control, el EPRE, que regula la prestación del servicio de electricidad, y el EPAS, que regula la prestación de agua y saneamiento”.

Ramón desligó a las empresas privadas que prestan los servicios, ya que éstas fueron perjudicadas por el congelamiento de las tarifas. “Se establece una tarifa de tipo político y se hacen grandes anuncios a favor de que no subirá, pero se resiente la prestación del servicio en perjuicio de aquellos que lo prestan. La sorpresa es que la única empresa que es habilitada para tener aumentos en la tarifa es la empresa con mayoría estatal AYSAM”, aclaró el titular de Protectora.

En sintonía con Ramón, Julio Gallego, gerente general de La Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, explicó el motivo principal de la crisis que está atravesando el sector: “El año pasado el Gobierno congeló la tarifa del servicio eléctrico pero para contrarrestar la inflación prometieron un subsidio de $300 millones y sólo enviaron menos de $40 millones. Por ese motivo trabajamos con lo justo y no se pudieron realizar inversiones, ya que, por ejemplo, mantener los transformadores demanda millones de pesos”.

Por su parte, Ramón explicó cuál es la responsabilidad del Estado: “Los usuarios estamos reclamando desde hace varios años que en forma colectiva se condene a los entes reguladores que no hacen bien las cosas y al Estado, porque debiera ser un órgano independiente. Lo que pasa es que no lo es y evidentemente está cuidando los intereses del EPRE y EPAS, que son las que están fracasando en su gestión de tipo comercial, entre otras cosas, porque no tienen la capacidad económica suficiente para hacer las inversiones correspondientes para el sector”.

Las empresas en riesgo
El gerente de la empresa que provee de electricidad a Godoy Cruz aclaró que de no subir el precio “las empresas no podrán cumplir con sus obligaciones y hasta podría llevar a una quiebra”. Además, indicó que no van a aceptar otra promesa de subsidio. “Es un engaño y no nos vamos a dejar timar”, aseguró Gallego.

Resarcimiento económico
Protectora indicó que le pedirán un resarcimiento al Estado para los usuarios y que sea acreditado en la boleta de cada uno. “En el caso de la luz hemos pedido que el ente regulador establezca una multa de $280 en forma colectiva para cada usuario y que se le acredite al mismo, es decir, que el vecino no le tenga que dar plata a ningún abogado, es la actividad que tiene que hacer el ente de control”, aclaró Ramón.

Y prosiguió: “en el caso del EPAS hemos pedido que el resarcimiento sea de $100 para cada usuario de agua y saneamiento y en el caso específico de alguien que haya tenido un daño patrimonial en la salud le queda abierta la vía para hacer un reclamo judicial por más cantidad de dinero”.

Las empresas prestadoras de servicio le pedirán al Estado provincial que revea su postura para que este año el servicio pueda mejorar y se pueda invertir en mantenimiento.

El Gobernador es quien decidirá si aumenta o congela las tarifas.

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