urna última

octubre 27, 2016 10:08 am

Pasados más de 30 años y ya afianzado el espíritu democrático de la mayoría de la población, uno de los enemigos más serios que le va quedando a la democracia es la indiferencia de los ciudadanos, el desentenderse de su ejercicio y dejar en manos de los demás las responsabilidades. Es preocupante que el compromiso y la participación suele reducirse casi solamente a la crítica dura y la disconformidad por los muchos defectos que el sistema o sus protagonistas aún persisten.

Durante mucho tiempo, el acto de ir a votar constituyó una fiesta cívica realmente, después se siguió utilizando ese calificativo, pero era evidente el progresivo desinterés de la gente en concurrir a las urnas y más aún en el de participar como autoridad de mesa. Como la mayoría de los convocados se excusaba, o directamente no asistía, se debió implementar el pago para que, lo que antes era un ‘deber cívico’ y una ‘carga pública’ que enorgullecía al que era designado, ahora era una tarea que se desempeñaba por interés.

Dos casos recientes dan cuenta de cómo la indiferencia puede arrojar resultados que hacen dudar de la verdadera voluntad de las mayorías. Uno es el caso del plebiscito realizado en Colombia para aceptar o rechazar la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El “no” al acuerdo se impuso por escaso margen, eso es inobjetable, pero participó un poco más del 37% de los ciudadanos habilitados para votar. Hubo un 62% de gente a las que no les interesó el tema o que su opinión sólo se expresó en la casa o en el café.

El otro caso fue el domingo último en los comicios municipales de Chile. Allí, como se sabe, además del presidente y los miembros del Congreso, los chilenos sólo pueden elegir a los alcaldes –equivalentes a nuestros intendentes municipales– y los regidores –equivalentes a nuestros concejales–. Al resto de las autoridades constitucionales las designa directamente el presidente de la República. Lo cierto es que, si bien lo preveían las encuestas, los partidos de derecha y algunos independientes le dieron una rotunda paliza electoral a la concertación gobernante, en este caso, la socialista Michelle Bachelet. Los perdedores atribuyeron la causa de la derrota a la participación sólo de un tercio de los votantes, los otros dos tercios indiferentes, por el motivo que sea. Entonces, ¿tienen ahora derecho a quejarse?

Es probable que el cansancio de la gente y el desinterés en ocuparse de los deberes cívicos se deba, en parte, a que a los deficientes resultados de algunas gestiones se sume la interminable presencia de las mismas figuras, tal es el caso de los intendentes de nuestros municipios que tienen prácticamente asegurada la reelección hasta la eternidad. Pues, el artículo 198 de la Constitución de Mendoza dice: “Los intendentes serán elegidos directamente por el pueblo de los respectivos municipios por simple mayoría de los votos válidos emitidos, pudiendo ser reelectos”. Al no haber ninguna limitación expresa, se supone que nadie puede impedir que, cumpliendo los requisitos, el funcionario se presente.

Periodo tras otro

Si los vecinos lo ratifican con el voto, no hay nada que decir, pero todos sabemos que los oficialismos siempre tienen la ventaja de manejar el aparato partidario e imponerse como cuasi caudillos departamentales con cada vez más influencia en la política interna. O al menos es lo que han sabido hacer en Mendoza los intendentes peronistas que llevan varios períodos repitiéndose y han influido fuertemente para limitar la capacidad de maniobras de los gobernadores Jaque y Pérez. Mientras que los radicales, que están en situación parecida, aún no logran influir en las decisiones del Comité provincial de la UCR.

Ese artículo 198 pudo ser modificado, estableciendo un límite cuando durante el gobierno de Celso Jaque se sancionó la Ley 7.814, declarando la necesidad de reformarlo, y tal como lo prescribe la Carta Magna local, se sometió al voto popular siendo aprobado por más del 60% de los votos válidos emitidos, pero insuficientes para llegar a la mayoría absoluta de los ciudadanos empadronados. Así que la intención no pasó de eso.

Intentando remediar esa falencia, tomó la iniciativa el Concejo Deliberante de Guaymallén, dictando una ordenanza por la cual se limitan las elecciones de intendente y concejales de esa comuna sólo a un período.

Y aquí se vino la discusión. El jefe comunal de Junín, Mario Abed, que va por su cuarto periodo consecutivo, dijo que “no le gustan las prohibiciones”, sus pares del Unicipio –Capital, Las Heras, Godoy Cruz y Luján– no demostraron mucho entusiasmo, aunque no la rechazaron.

La norma tiene alcance sólo local pero además solicita una reforma de la Constitución para que se extienda a todos los intendentes. Es más, llegado el caso concreto de aplicación, alguien puede reclamar una declaración de certeza de la Suprema Corte ante la duda sobre su validez y ahí las cosas pueden cambiar o confirmarse.

La idea de Marcelino Iglesias y del Concejo guaymallino puede ser la punta de lanza de un criterio que debería aplicarse de una vez por todas para que el poder político esté más equilibrado en Mendoza y los gobernadores no deban ceder a las presiones de los caciques municipales interesados en no perder su poder.

Mientras se cocinan estos posibles cambios en la forma de que los mendocinos elijan a los que consideran más aptos o rechacen a los que no lo son, a nivel nacional se discute en el Senado una reforma electoral que puede significar un cambio fundamental para expresar la soberanía popular, pero ese tema será material de otra nota.

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