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Los conflictos y las leyes de la guerra
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Por Redacción

Los conflictos y las leyes de la guerra



Es un error común creer y sostener que la guerras se libran sin respeto a norma alguna del derecho. Todo lo contrario. Existen leyes internacionales que las regulan desde fines de la Edad Media y que se inspiran en instituciones establecidas por el Derecho Romano.


Las leyes internacionales de nuestros días están basadas en las denominadas Convenciones de La Haya y de Ginebra. Las que a la par de abarcar una multitud de asuntos, exigen que las respectivas leyes nacionales los respeten, aún cuando las apliquen para lidiar con conflictos armados internos.


Para ejemplificar esto con un simple caso extremo, baste decir que durante la Segunda Guerra Mundial –un conflicto total como pocos– ni aún Hitler se atrevió a seguir el modelo del sultán otomano que le declaró la guerra al Imperio Habsburgo en 1682, amenazando con violar a cualquier mujer alemana con la que se cruzara.


En este sentido, el breve gobierno de Isabel Perón y el prolongado del autoproclamado Proceso de Reorganización Militar cometieron sendos errores políticos y estratégicos fatales cuando enfrentaron los ataques terroristas en la década del 70.


No cabe duda de que el Estado de aquella época tenía el derecho a defenderse de las agresiones violentas de las que era objeto por parte de las organizaciones terroristas. Aún con fuerza mortal. A lo que no tenía derecho era a hacerlo fuera de las normas de la guerra.


Por otro lado, al margen de un imperativo moral, respetar las leyes de la guerra es una necesidad operacional, pues ninguna fuerza armada se mantendrá cohesionada por mucho tiempo violándolas. Podrá ganar muchos combates, llegando –incluso– a aniquilar a sus enemigos. Pero, a la postre terminará siendo derrotada moralmente por el repudio que estos excesos generarán.


Valga esta introducción para tratar el tema que nos ocupa, cual es la posibilidad de que nuestras Fuerzas Armadas puedan ser empleadas en cuestiones de seguridad interior, como diversas publicaciones periodísticas lo anticipan.


Si aprendimos algo de las amargas lecciones de nuestro pasado, sabemos que si deben hacerlo es ineludible que lo hagan con un marco legal adecuado. Uno que no es –precisamente– el que se encuentra vigente.


Para empezar, las tres leyes básicas que lo regulan –la de Defensa, la de Seguridad Interior y la de Inteligencia, a la par de los decretos que las reglamenten– son contradictorias entre sí.


En este sentido, no hay parches que valgan, pues no alcanza con un DNU que modifique las reglamentaciones vigentes.


La experiencia propia y extraña nos enseña que cuando un Estado decide emplear la fuerza, ya sea contra un enemigo externo o interno, debe hacerlo revestido de la mayor cantidad posible de autoridad moral.


No basta con la necesidad y la urgencia de hacerlo. Por ejemplo, los romanos sólo ponían en movimiento sus legiones cuando sus sacerdotes, conocidos como los fetiales, realizaban una ceremonia en la que declaraban formalmente la causa de los enemigos de Roma como injusta y la de Roma como justa. Mientras las puertas del templo de Marte eran abiertas, una delegación era enviada a lanzar una simbólica lanza contra el territorio enemigo a fin de imponerlo de su decisión. Con las formalidades completadas, las hostilidades podían comenzar.


Concretamente, si es decisión del Presidente de la Nación emplear a sus Fuerzas Armadas para administrar la violencia legítima del Estado en su carácter de Comandante en Jefe de ellas, debe hacerlo garantizándoles no solo la disposición de los medios materiales acordes con la tarea. Lo que es mucho más importante, debe proveerlas de la justificación moral y legal necesaria para que puedan salir victoriosas y limpias de la pelea.


Seguramente, habrá módicos oportunistas políticos que aconsejarán simples modificaciones puntuales al alcance de un simple y un barato DNU. Siempre será más sencillo cargar las responsabilidades sobre los hombros de quienes tengan la tarea de impartir las órdenes sobre el terreno que sobre los complicados legisladores que deban aprobar y modificar las leyes citadas.


Pero hacerlo de este modo, constituiría un doble error. Uno político, que pondría en evidencia la pobre voluntad política detrás de esta decisión, y uno estratégico, pues condenaría a estas fuerzas a sufrir, nuevamente, al escarnio de haber cometido excesos y abusos en el cumplimiento de su misión.


El Doctor Emilio Luis Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.


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Los conflictos y las leyes de la guerra

Es un error común creer y sostener que la guerras se libran sin respeto a norma alguna del derecho. Todo lo contrario. Existen leyes internacionales que las regulan desde fines de la Edad Media y que se inspiran en instituciones establecidas por el Derecho Romano.

Las leyes internacionales de nuestros días están basadas en las denominadas Convenciones de La Haya y de Ginebra. Las que a la par de abarcar una multitud de asuntos, exigen que las respectivas leyes nacionales los respeten, aún cuando las apliquen para lidiar con conflictos armados internos.

Para ejemplificar esto con un simple caso extremo, baste decir que durante la Segunda Guerra Mundial –un conflicto total como pocos– ni aún Hitler se atrevió a seguir el modelo del sultán otomano que le declaró la guerra al Imperio Habsburgo en 1682, amenazando con violar a cualquier mujer alemana con la que se cruzara.

En este sentido, el breve gobierno de Isabel Perón y el prolongado del autoproclamado Proceso de Reorganización Militar cometieron sendos errores políticos y estratégicos fatales cuando enfrentaron los ataques terroristas en la década del 70.

No cabe duda de que el Estado de aquella época tenía el derecho a defenderse de las agresiones violentas de las que era objeto por parte de las organizaciones terroristas. Aún con fuerza mortal. A lo que no tenía derecho era a hacerlo fuera de las normas de la guerra.

Por otro lado, al margen de un imperativo moral, respetar las leyes de la guerra es una necesidad operacional, pues ninguna fuerza armada se mantendrá cohesionada por mucho tiempo violándolas. Podrá ganar muchos combates, llegando –incluso– a aniquilar a sus enemigos. Pero, a la postre terminará siendo derrotada moralmente por el repudio que estos excesos generarán.

Valga esta introducción para tratar el tema que nos ocupa, cual es la posibilidad de que nuestras Fuerzas Armadas puedan ser empleadas en cuestiones de seguridad interior, como diversas publicaciones periodísticas lo anticipan.

Si aprendimos algo de las amargas lecciones de nuestro pasado, sabemos que si deben hacerlo es ineludible que lo hagan con un marco legal adecuado. Uno que no es –precisamente– el que se encuentra vigente.

Para empezar, las tres leyes básicas que lo regulan –la de Defensa, la de Seguridad Interior y la de Inteligencia, a la par de los decretos que las reglamenten– son contradictorias entre sí.

En este sentido, no hay parches que valgan, pues no alcanza con un DNU que modifique las reglamentaciones vigentes.

La experiencia propia y extraña nos enseña que cuando un Estado decide emplear la fuerza, ya sea contra un enemigo externo o interno, debe hacerlo revestido de la mayor cantidad posible de autoridad moral.

No basta con la necesidad y la urgencia de hacerlo. Por ejemplo, los romanos sólo ponían en movimiento sus legiones cuando sus sacerdotes, conocidos como los fetiales, realizaban una ceremonia en la que declaraban formalmente la causa de los enemigos de Roma como injusta y la de Roma como justa. Mientras las puertas del templo de Marte eran abiertas, una delegación era enviada a lanzar una simbólica lanza contra el territorio enemigo a fin de imponerlo de su decisión. Con las formalidades completadas, las hostilidades podían comenzar.

Concretamente, si es decisión del Presidente de la Nación emplear a sus Fuerzas Armadas para administrar la violencia legítima del Estado en su carácter de Comandante en Jefe de ellas, debe hacerlo garantizándoles no solo la disposición de los medios materiales acordes con la tarea. Lo que es mucho más importante, debe proveerlas de la justificación moral y legal necesaria para que puedan salir victoriosas y limpias de la pelea.

Seguramente, habrá módicos oportunistas políticos que aconsejarán simples modificaciones puntuales al alcance de un simple y un barato DNU. Siempre será más sencillo cargar las responsabilidades sobre los hombros de quienes tengan la tarea de impartir las órdenes sobre el terreno que sobre los complicados legisladores que deban aprobar y modificar las leyes citadas.

Pero hacerlo de este modo, constituiría un doble error. Uno político, que pondría en evidencia la pobre voluntad política detrás de esta decisión, y uno estratégico, pues condenaría a estas fuerzas a sufrir, nuevamente, al escarnio de haber cometido excesos y abusos en el cumplimiento de su misión.

El Doctor Emilio Luis Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.

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