venezuela

octubre 18, 2016 1:01 pm

Los empresarios venezolanos se han puesto en “pie de guerra” con el nuevo decreto del presidente Nicolás Maduro, que les obliga a vender el 50% de su producción al Gobierno para llenar las bolsas de alimentos de los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).  Si los empresarios se niegan a abastecer al Estado, serán penalizados con la confiscación de sus productos o el pago de multas.

Maduro decretó la semana pasada la obligación de destinar la mitad de la producción agroalimentaria, tanto del sector privado como el público, a los llamados CLAP si no quieren perder su producción o su empresa por las fuertes multas que deberán afrontar. Maduro creó este sistema paralelo de distribución de alimentos el pasado abril, inspirado en los antiguos soviets, para paliar el desabastecimiento crónico que padece Venezuela y captar votos para el chavismo. Los comités reparten bolsas de alimentos entre los sectores populares a través de los concejos comunales.

La distribución, dicen “algunos”, está condicionada a la lealtad al régimen y no llega a toda la población. El decreto que obliga a vender el 50% de la producción aparece publicado en la Gaceta Oficial número 41005, donde se establece que los empresarios que se nieguen a abastecer a los CLAP serán sancionados según la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria.

El presidente de la patronal “Fedecámaras”, Francisco Martínez, aseguró que la escasez y el desabastecimiento de alimentos y productos básicos de higiene no se soluciona obligando a los empresarios a vender la mitad de su producción a los CLAP. Martínez consideró que la imposición de nuevas regulaciones supone “seguir en la dirección incorrecta y la consecuencia es que las estanterías de los comercios estarán más vacías”. “Los venezolanos recibirán menos comida, más aún cuando se trata de un sistema tan ineficaz como los CLAP”, agregó el líder de los empresarios.

Por su parte, el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Aquiles Hopkins, señaló que esta medida atenta a la libertad empresarial. “Es el camino equivocado, por medidas como esta cada día producimos menos alimentos”.

El presidente de Fedecámaras advirtió además de que los empresarios no tienen capacidad para afrontar las penalizaciones. “Ninguna compañía se encuentra en condiciones de entregar el 50% de su producción a un solo cliente, menos con sanciones que podrían tener consecuencias negativas para su operatividad”, señaló.

Martínez y Hopkins aseguraron que el Ejecutivo ha ignorado de forma sistemática las propuestas de empresarios y productores en las reuniones que han mantenido. “Lo triste y lamentable es que desde 1998 los productores hemos acudido a todas las instancias a las que se nos ha convocado. Al final lo que se discute es una cosa y lo que hace el Estado es otra. Son reuniones estériles”, dijo Hopkins.

 

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