Dorrego inseguridad

agosto 1, 2016 8:00 pm

Quizá es una obviedad afirmar esto, pero la sensación estuvo ahí siempre entre los mendocinos. Algo que se mecía entre una inseguridad tan poderosa por sí misma, imposible detener su dantesco crecimiento y la sospecha de que impune y convenientemente se le había permitido crecer con guiño político-policial. Difíciles pensamientos que en su fuero íntimo al ciudadano le producían una suerte de angustia e impotencia. Llegó a ser de tal magnitud que todos sentimos que había un aspecto anárquico que dominaba al estado mendocino, por consiguiente los bienes y la vida de todos.

La actual administración provincial asumió con fuertes determinaciones de estado “eso de enfrentar la inseguridad”. Una decisión que tiene parte de la historia política personal del actual gobernador. Esa materia pendiente que lleva consigo Alfredo Cornejo con sus pasos como Ministro de Seguridad de la administración de Julio Cobos. Allí donde sonados casos como el de Laura Abonassar y Claudia Oroná, entre otros, mostraban que en nuestra provincia se había instalado con desafiante y criminal actitud una delincuencia que no sabía de justicia, policía, mucho menos códigos de vida. Pero también porque el actual primer mandatario sabía y tenía pleno conocimiento de que algo no se había hecho y si se hizo, se hizo mal; y de que algo “raro” tenían encerrados los ocho años de gobiernos justicialistas. Tiempo desde donde la inseguridad mantiene un sostenido crecimiento en el cual arrasa con todos los bienes materiales de los mendocinos y lo más doloroso, con los bienes de vida de esta provincia.

Hoy Mendoza cae en la cuenta de que su sensación no es sensación, es ¡certeza!: “en la provincia la inseguridad habría crecido por propio poderío delictual, con conveniente protección, complicidad y sociedad en ganancias de políticos y policías”. Un punto que debe ser profundamente investigado hasta las últimas consecuencias. Tanto, como el otro costado, donde en el Ministerio de Seguridad las graves irregularidades cometidas en ese epicentro de donde se debe combatir la inseguridad fueron graves, como perversas.

Durante seis años un tal Martín Alejandro Meneo manejó todo tipo de información reservada y clasificada  en la Dirección de Inteligencia Criminal. Sujeto que llegó allí mostrando un título de Ingeniero en Informática apócrifo (trucho) y que cuando fue descubierto presentó su renuncia, dejando en blanco el vital sistema que sigue todo movimiento delictual dentro y fuera la provincia (si es que en los años que estuvo allí lo hizo funcionar). Todo un caso testigo que muestra de que por lo menos hubo “distracción intencional” para que nada se descubriera, investigara y aportara a la justicia. El agravante es que Meneo manejaba esa información y los datos personales y el movimiento operativo de TODOS los agentes en cubierto de la policía provincial que trabajan en esa área. Datos que nadie puede asegurar no hayan llegado al narcotráfico o en sí al ámbito delictual. Ahora el ingeniero en informática trucho deberá rendir cuentas ante la justicia por esto y por defraudación al estado por $ 500 mil por sueldos que cobró.

El organismo de inteligencia criminal no fue el único foco de corrupción descubierto. Hubo otras áreas, como en aquella donde un tal Ángel Sebastián Cotta firmó más de 1.700 dictámenes legales, entre los que había licitaciones. Lo hizo con un título apócrifo de abogado, cuestión por las que también deberá rendir cuentas ante los estrados judiciales por falsificación de documento público y defraudación al estado por más de $ 1 millón de sueldos mal cobrados. A este caso le siguen la oscura maniobra que hoy también es profundamente investigada y que tendría comprometido a los comisarios Darío Irrutia (fue jefe del CEO -911-); Daniel Gomez (fue jefe de la departamental de Godoy Cruz); Ángel Fava (tuvo alto cargo en Las Heras) y Fernando Trepicchio (fue jefe de la Policía Vial). Todos ellos están vinculados a hechos delictivos y defraudación al estado en irregularidades por servicios extraordinarios. Esto último y de acuerdo a una investigación periodística del colega Christian Sanz del Mendoza Post, habría llegado a más de $ 30 millones por mes. Cifra que también maneja la Inspección General de Seguridad. Organismo que hoy se encuentra en plena investigación de este y múltiples casos que ponen lupa a cada movimiento de la policía mendocina. Sobre todo tras conocerse las mafiosas amenazas al Comisario General Roberto Munives (actual director de la fuerza) y el acrecentamiento a cualquier hora de agresivos y osados actos delictuales en diferentes zonas del gran Mendoza.

Ante este panorama una vez más surgen los interrogantes ciudadanos: ¿llegará la justicia a determinar responsabilidades, daño y juzgará los mismos?; ¿hay decisión política para que la justicia llegue hasta el núcleo central de lo descubierto?, esto es saber quién o quienes dieron el visto bueno para que todo esto se produjera, con sus ganancias políticas y monetarias. Cuestión que implicaría investigar a los ex mandatarios Celso Jaque, Francisco Pérez y Carlos Ciurca,  todos los ministros y altos funcionarios que pasaron por el ministerio de seguridad.

Pero hay otras preguntas que con mayor preocupación se hace la gente: ¿el narcotráfico creció al amparo de todo esto?; cuando los vecinos cortan calles y acusan de zonas liberadas ¿están en lo cierto?; al ser descubierto este núcleo de corrupción ¿los involucrados en sociedad con la delincuencia,  tomaran acciones que tapen la investigación con sucias tareas que profundicen la inseguridad y hagan trastabillar el programa del actual gobierno?; ¿hasta qué punto se ha corrompido la policía mendocina que haya debilitado su accionar contra la inseguridad?. En la encrucijada que está Mendoza, como nunca estuvo y en donde se pierde o se gana ante el hampa mafiosa en todas sus mugrientas formas se impone también preguntarse ¿hay consciencia del dramático, duro y crucial momento que vive la provincia?; ¿es señal contundente de la actual gestión de gobierno renovar la tropa policial? y, ¿tienen espalda institucional los tres poderes del estado para imponerse bajo el imperio de las leyes?.

El gobierno de Alfredo Cornejo sabe que se va la vida de toda su gestión, donde está en juego su prestigio, la palabra y el compromiso político con un tema que la ciudadanía mendocina hacen años viene implorando y exigiendo. Tema que ha sido manoseado y como se nota, burlado descaradamente por quienes lo precedieron. Las pruebas y los porque el robo, el asesinato y el narcotráfico crecieron tienen su explicación. Más no la explicación para el dolor de cientos de familias de esta tierra cuyana que perdieron a sus seres queridos. Como esa explicación de la sin razòn que muestra la familia de Emir Cuattoni. Tristeza desparramada por las calles mendocinas con personas que son representadas con esa otra figura que arrastra los pies por las calles de la provincia buscando respuesta de la muerte de un ser querido. Blanca Sotelo todavía espera que alguien le explique quién y por qué en la noche del 6 de septiembre del año 2013 asesinaron en acción de robo a su hijo, el médico Sebastián Prado. Quizá éste y multipliques casos de inseguridad en Mendoza se hayan perdido en ese oscuro cono de impune protección que pareciera hay determinaciones para que se rompa. La gente de aquí no resiste más. Demasiado daño ya se le hizo. Ojala que por el bien de la provincia y merecido vivir de sus habitantes haya llegado la hora, sin miramientos, ni concesiones.

Daniel Gallardo – Periodista y Productor de Estudio Cooperativa 91.7 y Diario El Ciudadano

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