Jovenes armados

mayo 26, 2015 4:14 pm

Desde artesanales ‘tumberas’ hasta granadas y sofisticadas ametralladoras importadas, la lista de armas de fuego legales o ilegales que circulan en la provincia es variada. Pero lo que es preocupante, tanto por la cantidad como por quiénes las tienen en su poder, son estas últimas, utilizadas por delincuentes que acceden a ellas cada vez más con asombrosa facilidad.

Diariamente, la Policía recupera una cierta cantidad de ellas mediante allanamientos, pero por supuesto nunca será suficiente para detectar las miles que están fuera del circuito legal.

Según datos aportados por Gabriel Garnica, titular del Registro Provincial de Armas (REPAR), en noviembre pasado eran aproximadamente 22.000 los revólveres, pistolas o rifles en poder de unos 9.000 tenedores registrados, es decir, sus titulares legales y autorizados. Entre ellos se encuentran tanto civiles como integrantes de las fuerzas de Seguridad que tienen, además de las armas que portan por su función, alguna otra en su vivienda.

Mercado negro

Los expertos comentan que se calcula que por cada arma de fuego registrada existe otra sin declarar, tanto en manos de la delincuencia como de ciudadanos que temen ser asaltados.

Efectivamente, el Registro Nacional de Armas (RENAR) tenía en 2008 alrededor de un millón y medio de armas registradas en manos de civiles, pero las cifras oficiales también indicaban entonces que existían “una cantidad similar en el mercado negro”, cifra que se equiparaba con el armamento declarado.

Una gran cantidad de éstas se encuentra en manos de sujetos con propósitos criminales, las que son difíciles de detectar y a veces son halladas de manera fortuita investigando hechos de distinta índole, como tenencia de droga o amenazas, entre otras causas menores.

En este sentido, Juan Carlos Caleri, director general de Policías de la Provincia, afirma que oficialmente “no se sabe la cantidad de armas con que cuentan los delincuentes”.

Según Garnica, 2014 fue el año en que más armas de fuego en poder de los malvivientes recuperó la Policía provincial. Pero el mercado negro amplía cada día más el arsenal ilegal, haciendo difícil disminuir su cantidad. El funcionario agrega que “muchas se compran en el exterior y en una gran cantidad de casos son de fabricación casera”.

Por ejemplo, días atrás se efectuó un allanamiento en el que los policías hallaron dos armas de fabricación casera tipo tumberas y una ametralladora calibre 9 mm de origen australiano, además de una importante cantidad de proyectiles.

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Dame dos

Aldo Chessi, propietario de una conocida armería de la calle Las Heras, en Ciudad, explica que muchas veces, “al resultar tan difícil registrar las armas por los requisitos exigidos por el RENAR, muchos civiles las compran directamente en el mercado negro a través de contactos con el hampa”. Pero si se arrepienten tiempo después, las revenden a quien se las proveyó y de esta manera el circuito se retroalimenta.

También opina que “muchas ingresan al país en ocasión de acciones del narcotráfico, por la facilidad que tienen los contrabandistas para operar en las zonas limítrofes.

Chessi ejemplifica la gravedad de la situación diciendo que “más de la mitad” de las armas que llegan a su negocio para ser reparadas “son ilegales”.

También detalló los requisitos que deben cumplirse para adquirir cualquier arma de fuego, entre ellos que las personas físicas deben ser mayores de edad y demostrar capacidad psicofísica (aptitud física acreditada por médicos clínicos y psíquica por psiquiatras o psicólogos, expedidos por instituciones públicas sanitarias), inexistencia de adicciones, carencia de antecedentes penales y de violencia familiar, idoneidad en el uso de las armas (exámenes realizados en polígonos autorizados), conocimiento del marco legal o denuncia del lugar de guarda.

Indudablemente, estos requisitos persiguen el loable objetivo de que puedan armarse quienes realmente estén capacitados para utilizarlas, pero a la vez resulta un escollo que muchos prefieren evitar y adoptan el camino más corto: el acceso de forma ilegal.

Por otra parte, Chesi critica la decisión de muchos funcionarios judiciales, quienes “por una u otra razón” sindican a quienes se les encuentran armas en su poder como “encubridores”, evitando la calificación de “portación ilegal”, lo que les permite no ser juzgados con la severidad necesaria como para recibir una pena agravada. Y fue más allá, considerando que “quizás los fiscales actúen así por miedo a represalias por parte de los sujetos involucrados o sus familiares”.

“Las armas las consiguen en los robos domiciliarios que se producen, (pero) hay que agregar los robos al personal de fuerzas armadas y de seguridad del país. Cuando los delincuentes roban en un domicilio, generalmente los elementos que más buscan –aparte de dinero– son electrodomésticos y armas, tanto cortas como largas”, responde Caleri a la consulta sobre cómo se hacen de ellas los delincuentes.

A la vez, el funcionario asegura que “no hay procedimientos en donde se haya demostrado la venta de armas por parte del personal de seguridad o militar”. También dice que “no hay un pico de robos de armas policiales”, y que “se han hecho procedimientos en donde hay acopios de armas y municiones pero no se ha podido demostrar la facilitación para realizar hechos delictivos”.

Algunos conocedores del tema aseguran que otra fuente de provisión ha sido algún robo cometido en dependencias judiciales, de donde se han llevado armas depositadas en resguardo pertenecientes a causas en investigación.

En este sentido, el armero Chessi habla desde su experiencia y recuerda el asalto cometido en el Depósito Judicial años atrás, del que se llevaron, dice, “3.000 armas, entre ellas 750 pistolas calibre 45”, y el robo en el Regimiento 16 de Infantería, en Uspallata, “de donde desaparecieron municiones, granadas y fusiles FAL”.

Sin embargo, la información oficial hablaba entonces –a fines del 2001– de unas 600 unidades sustraídas del Depósito Judicial, entre pistolas nueve milímetros, FAL, itakas, ametralladoras, costosas armas de colección y otro tipo de elementos, todas consideradas de guerra por su poder de fuego, aunque nunca se conoció cabalmente de qué manera se cometió el ilícito y la causa se cerró en 2009 sin hallar a los culpables, a pesar de haber, en un principio, algunos imputados.

En este punto, Garnica comenta que por estos días serán destruidas 9.000 armas de distinto calibre que han sido recuperadas por la Policía y están en depósitos de la Justicia ubicados en la ex Bodega Giol.

Indudablemente, la problemática es profunda y son muchos los factores que impiden un control adecuado sobre la tenencia de armas. Hasta ahora, apenas hubo algunos atisbos de medidas dirigidas a que se reduzcan las consecuencias, como los operativos de desarme de los civiles, pero la lucha será larga teniendo en cuenta que la situación es compleja a todas luces.

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Armas en casa: ¿sí o no?

Una discusión recurrente gira sobre la conveniencia o no de la tenencia de armas por parte de los civiles, lo que muchas veces ha provocado tragedias familiares.

Al respecto, el diputado radical Héctor Quevedo opinó que “hace falta una campaña de concientización dirigida a los ciudadanos. Una persona no preparada no debería nunca tener un arma, pero esto sería posible en el marco de un Plan Integral de Seguridad, que por ahora Mendoza no tiene. Desde 2007, cuando se llevo a cabo el Plan Quinquenal de Seguridad, que dio origen a inversiones importantes en la materia”, no existe algo así.

Por su parte, el director de Policías de la provincia, Juan Carlos Caleri, dijo que “es contraproducente la tenencia de armas en el hogar. Si las poseen deben tener un cuidado particular en los niños y adolescentes, que no estén al alcance de ellos (porque) pueden ocurrir accidentes fatales. De igual forma con los mayores al momento de manipularlas, ya que habitualmente lo hacen en presencia de otras personas. En  caso de ser objeto de algún delito contra la propiedad y ser sorprendido por algún delincuente dentro de la casa, potencia la peligrosidad del hecho el tratar de tomar un arma, poniendo en peligro a todo el grupo familiar”.

Pero un oficial de alto rango, retirado refuta esa opinión. “Sí, hay que tenerlas, sobre todo porque la Policía no puede estar en todos lados al mismo tiempo y no puede defender como corresponde a los ciudadanos”, dijo, y pidió no revelar su nombre.

Por su parte, el armero Aldo Chessi, de vasta experiencia en el rubro, se suma a esta opinión y expresa que “si las armas están bien resguardadas no pueden ocasionar ningún riesgo”.

El plan de desarme

El Programa Nacional para la Entrega Voluntaria de Armas de Fuego se inició en Mendoza en el 2000, impulsado por organizaciones sociales que cuatro años después conformaron la Red Argentina para el Desarme y tomó estado oficial en el país desde 2007. Consiste en que los ciudadanos entreguen sus viejas armas a cambio de un incentivo económico.

Al respecto, el diputado provincial por la UCR Héctor Quevedo expresó que “en general el tema tenencia armas ilegales es el delito que mas creció en Mendoza. Esto indica que los operativos de desarme no han arrojado los resultados esperados porque no es atractivo para la gente. Es imposible ni siquiera estimar la cantidad de armas ilegales que existen en la actualidad”.

Por su parte, un oficial de alto rango de la Policía, ya retirado, que pidió hacer reserva de su nombre, expresó que el programa “no funciona, (porque) las entregan los ciudadanos honestos y los hampones no”.

En este sentido, el armero Aldo Chessi se sumó a estas apreciaciones y agregó que “se entregaron armas muy viejas, muchas sin funcionar”, y por eso resulta irrelevante la cantidad que fue sacada de circulación.

Pero la opinión del jefe policial Juan Carlos Caleri es divergente. “Dio resultado, ya que se inutilizaron una infinidad de armas”, afirmó.

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