MINERA CONTAMINANTE

junio 21, 2016 10:52 am

La provincia de San Juan sufre una nueva embestida contaminante a su recurso hídrico. Lo grave es que su principal cuenca sería… ¡el mismo río San Juan!

El hecho denunciado tiene otro elemento no menos grave: la violación del territorio soberano argentino en la Cordillera de los Andes. Una cuestión que habría confirmado oficialmente Marcelo Romano (abogado de los regantes en Mendoza) en diálogo exclusivo con Diario El Ciudadano.

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Los hechos habrían ocurrido entre los años 2007 y 2012, cuando una empresa minera chilena arrojó 55 toneladas de residuos peligrosos en territorio argentino. Esto habría implicado la consecuencia directa de arrasar con lagunas, secamiento de vegas y la contaminación de los principales afluentes del río San Juan. Y todo bajo el “irregular argumento” de que esto estaba autorizado por el gobierno chileno en el año 2004, cuando se le dijo a la firma Antofagasta Minerals que podía instalar la escombrera Cerro Amarillo al norte del yacimiento los Palambres. Esta última la séptima mina de cobre más grande del mundo. En el sitio, y durante CINCO (5) años consecutivos, se arrojaron todos los deshechos de la mina desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.

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Ante este hecho las autoridades sanjuaninas solicitaron la urgente intervención de del congreso de nuestro país. Organismo que al decir del abogado Marcelo Romano, “se ha dado inmediata intervención al Monitoreo Parlamentario Ambiental, por lo grave y complejo de un asunto donde hay poderosos intereses empresarios que están contaminando de por vida territorio argentino”, puntualizó Romano.

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Diario El Ciudadano pudo acceder a abultada documentación que testimonia este grave hecho. En la misma se pueden comprobar dos cuestiones: que las expresiones de (Marcelo) Romano de que se está ante poderosos intereses empresarios es veraz. Se comprueba con las demandas que se hicieron en el país, fuera del país, en Chile y fuera de Chile ante diferentes organismos tras el descubrimiento de lo que estaba ocurriendo y allí con “absoluta impunidad no se contestó nada, no se hizo nada y se continuó con la tarea contaminante”.

La segunda cuestión es que el gobierno de Chile deberá explicar a la Argentina porqué autorizó a la firma Antofagasta Minerals a construir el botadero de desechos en una zona que el Instituto Geográfico Militar del vecino país trasandino consideraba territorio chileno en los ´80, aspecto que tiempo después fue confirmada como zona argentina. Y así había quedado cristalizado por actas que poseen cancillerías de ambas naciones.

Por todo esto, de comprobarse lo anterior, nuestro país debería encarar ante los consorcios mineros que operan en Chile acciones por usurpación, contaminación y otros elementos que sopesan fuertes demandas judiciales en tribunales internacionales.

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