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noviembre 6, 2014 6:01 pm

“No beneficia ni perjudica a nadie”. La sentencia es del ministro de Planificación, Julio de Vido, hace apenas dos días en el Senado, durante un debate sobre la nueva la ley de telecomunicaciones, bautizada como “Argentina Digital”. Pero no todos los expertos coinciden con esa afirmación. Hay acuerdo, en principio, en que hay que modificar el régimen actual. Sin embargo, para unos la regulación que impulsa el kirchnerismo favorece a los usuarios, para otros a las cooperativas y para varios, a las telefónicas.

Esa aseveración es un reflejo del resultado una reunión que se desarrolló este jueves en el ámbito de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que encabeza la oficialista Liliana Fellner, en el Salón Azul de la Cámara alta, donde expusieron una decena de especialistas invitados.

El representante de la Unión de Consumidores de la Argentina, Fernando Blanco Muiño, puso el foco en laposibilidad de que las tarifas sufran aumentos injustificados. Según explicó, como el artículo 15 de la iniciativa “sólo declara servicio público a lo que es el uso y acceso a redes para licenciatarios”, y deja el resto como servicios “de interés público”, las empresas podrán disponer subas que “es posible que impacten en el bolsillo de los consumidores”. Por eso, pidió que se modifique el artículo 1 “para que todo lo declaren de servicio público y no de interés público”.

Además, Blanco Muiño solicitó a los senadores “quitarle a Telefónica (de Argentina) y a Telecom “la autorización para fusionarse que tienen en el país”, porque destacó que “entre las dos concentran el 67 por ciento del mercado argentino”.

Por la Asociación de Consumidores Libres, Héctor Polino coincidió con su colega al indicar que el proyecto “declara servicio público una etapa, las relaciones entre las empresas mayoristas, pero no entre las empresas y los usuarios”.

Al respecto, Polino también estimó que “se produce un retroceso” porque actualmente “las empresas Telefónica y Telecom no pueden aumentar las tarifas cuando se les ocurre” y a partir de la ley, si no tiene cambios, “alegremente” lo van a poder hacer al no tener más que pedir autorización y fundamentar los incrementos.

“Hablemos con claridad: ¿a quién se quiere defender con esta ley? No se defiende a los usuarios, se los deja más desprotegidos de lo que están actualmente. Se favorece a las empresas telefónicas, que aparecen como las grandes mimadas”, opinó sobre el proyecto. Polino además aseguró que la iniciativa “genera una mayor concentración en el mercado audiovisual y las telecomunicaciones porque las empresas telefónicas van a poder abarcar todo el país con 4 servicios”, incluyendo el 4G.

Sandra Giménez, de la ONG Adecua, arrojó una serie de cuestionamientos a las empresas de telefonía móvil. “Me llamaron para decirme que iba a sufrir un aumento en la telefonía celular por un acuerdo entre Movistar, Personal y Claro. Más cartelización que eso, imposible. ¿Quién avala todo eso?”, observó.

Por su parte, el director de la Afsca por la oposición, Gerardo Milman, insistió en sus críticas. “Tengo serias dudas de que este proyecto vaya a favor de todos los usuarios y de las cooperativas”, opinó. Y sostuvo que “esta ley viene a darles el cuarto poder a los fondos buitre”. Lo explicó así: dijo que el mismo grupo de holdouts que “está detrás de Donnelly y General Electric tiene el 7,8 por ciento de la Telefónica de España”, que a su vez participa en Telefé.

También apuntó contra el controvertido artículo 9 de “Argentina Digital”, uno de los más resistidos del proyecto, que deroga un inciso clave de la Ley de Medios. Milman evaluó que ese efecto “generará desigualdad porque habrá empresas que han sido adecuadas con una normativa y hay otras que van a ser adecuadas con otra normativa”.

En la vereda de enfrente se paró Graciana Peñafort, directora de la Afsca por el oficialismo. “El proyecto responde a los modelos más avanzados de legislación digital”, sintetizó. Y destacó que al declarar las telecomunicaciones como servicio básico esencial “las redes van a estar abiertas” para la convergencia y los pequeños operadores de cable del interior tendrán tiempo para adecuar su tecnología para brindar también telefonía.

El primer expositor fue el titular de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la República Argentina, Rafael Sánchez, quien pidió que se tenga “especial consideración de las redes constituidas con el esfuerzo de los asociados (del sector que representa), que fueron pioneros del servicio universal”.

Otro expositor, Enrique Chaparro, presidente de la Fundación Vía Libre, comentó que algunas disposiciones no son fáciles de interpretar, y subrayó: “Una ley que debe explicarse no es buena”. Lo graficó con un ejemplo: “La definición de neutralidad de red es de pobreza franciscana y permite múltiples interpretaciones”./ Fuente: Infobae.com

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