Petroleo

mayo 8, 2016 1:04 pm

Por algo se lo llama el oro negro. Es oscuro y viscoso, y parece que en nuestro país estamos condenados a que las políticas en la materia tengan el mismo aspecto y consistencia. A un semestre de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, las decisiones en materia petrolera marcan desazón en la población y muestran un horizonte de desconfianza que hace fluctuar los apoyos iniciales.

Sabiendo que la materia energética fue uno de los grandes desaguisados de la larga década del peronismo kirchnerista, que dejó tal vez la más compleja y pesada de todas las herencias, era imperativo que en este terreno el nuevo gobierno encadenara aciertos. Pero estos meses, de la mano del discutible nombramiento de Juan José Aranguren al frente de la cartera –ex presidente de Shell- todas las decisiones parecen emparentadas a aumentar la rentabilidad de las poderosas petroleras, en detrimento no solo de la gente y su bolsillo, sino del propio equilibrio de la economía, y también acrecentando la escalada inflacionaria que, por otra parte, declaran querer frenar.

En lo que llevamos de 2016 los aumentos autorizados alcanzaron el 31 por ciento en el precio de los combustibles en el surtidor (dejamos fuera de la consideración los precios a las energéticas que los utilizan para generar electricidad, cuyas tarifas subieron por el ascensor, y también en el gas domiciliario, tanto de red como de las astronómicas garrafas). Esto significa que por lo menos han aumentado el doble que la inflación, y también más que la mayoría de los salarios.

Pero más grave que eso, que es de público conocimiento, es otro dato. Mientras el barril tiene precio internacional que en estos momentos está apenas arriba de los treinta dólares, el gobierno argentino continúa con un absurdo subsidio que le eleva el precio a las empresas –a la de Cristóbal, a las de Lázaro, a las todopoderosas Esso, Shell, Chevron y unas cuantas más- al doble. Las compañías que recibirían en cualquier mercado el precio internacional y a llorar a la iglesia –del modo en que acumularon enormes ganancias cuando valía más de 100 y nadie les aumentó los impuestos- aquí reciben de todos nosotros una compensación que en ningún modo se justifica.

La explicación sobre los aumentos esgrimida por Aranguren no convence a nadie. Decir que se hace para mantener fuentes de trabajo es al menos pobre, cuando los ingresos de las petroleras están garantizados en el subsidio, y además se pierden puestos por el cierre de estaciones de servicio y por el enfriamiento de la economía.

Pero para agravar aún más las contradicciones del equipo gobernante, estuvieron esta semana los dichos del jefe de Gabinete Marcos Peña. En un conocido programa de televisión afirmó, muy suelto de cuerpo, que en el fondo el de los combustibles es un precio del mercado, de la órbita de las empresas privadas, y el gobierno no puede hacer mucho. Valdría preguntarle –cosa que el panel no hizo- por qué si es así todo el pueblo argentino pone miles de millones de dólares en subsidios. Y no solo eso: por qué si el Estado es el dueño de la empresa que por participación es el jugador más importante del sector, no la utilizan para regular y poner precios de referencia.

Todo indica que hay cosas debajo de la mesa que no sabemos. La metida de pata de Laura Alonso con los contratos secretos de Chevron abona esta hipótesis. Se dice en los mentideros de la política que hubo un fuerte apriete de gobernadores de provincias petroleras para mantener ese statu quo y que los votos de esos senadores pesan.

El gobierno está muy en deuda en la materia, y el presidente declaró al asumir que nunca nos iba a mentir. Entonces sería bueno que la política petrolera deje de ser oscura. Es parte del compromiso asumido.

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