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diciembre 9, 2014 12:54 pm

El fiscal de Estado, Javier Fernández, confirmó esta mañana en un reportaje radial que el organismo a su cargo, con la colaboración directa del administrador de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), contador Claudio Gil, abrió una investigación por el caso de una probable estafa cometida por uno o varios empleados de la entidad recaudadora provincial.

En este sentido, Fernández comentó: “El administrador de la Administración Tributaria Mendoza, contador Claudio Gil, nos pidió indicaciones de cómo proceder y decidimos abrir una investigación en la Fiscalía de Estado, con la colaboración directamente, del administrador. En este último hecho, quiero aclarar un tema. Se está hablando de estafas millonarias; evidentemente la proyección de estos hechos puede llegar a ser millonaria, pero vamos detectando hechos puntuales y chicos, que en su multiplicación y en la medida que haya impunidad, estos pueden generar un daño grande para el Estado. Hasta ahora hablamos de hechos chicos”.

“En este caso, se trataba de un operador de la ATM que a través de sus contactos y sus conocimientos informáticos, le otorgaba tasa cero en Ingresos Brutos a empresas que no les correspondía. La responsabilidad directa cae sobre un solo empleado, sin perjuicio de que pueda surgir el proceso de que él contaba con el encubrimiento de algunos compañeros de trabajo”, explicó.

También indicó que aún no se sabe cuánto le pagaban al agente infiel, pero sí se confirmó que le pagaban “porque hubo un mail que lo recibió en una casilla oficial, para colmo, que si bien no era del empleado, era muy similar a la del usuario. Como todos los sistemas informáticos con clave de seguridad, tenían un número de usuario especial. Entonces, el mail coincidía con una casilla que variaba con una letra con respecto al usuario en cuestión. En ese mail se le avisaba que los dineros y los montos ya estaban a su disposición”.

“En cuanto a que haya una red de empleados, no puedo hablar de que exista una organización criminal en este sentido. Sí puedo decir que es habitual que la gente de Rentas o de la Fiscalía de Estado descubra hechos similares que provienen de agentes que trabajan en la repartición”, comentó.

Además, dijo que “Hay dos niveles de investigación: una es la investigación administrativa, que es la que hacemos nosotros y nos podemos dirigir solamente contra el agente público; apartarlo del cargo, cesantearlo, tomar las medidas que correspondan para tratar de mitigar el daño que le ha producido al Estado. Paralelamente, hay una investigación penal que se genera por estos procesos. Se da intervención a la justicia en lo criminal. Seguramente, esta persona intervendrá como partícipe o coautor del delito”.

“Juntamente con el apartamiento de la gente en curso, se toman las medidas para corregir los sistemas a fin de que no vuelva a suceder. El de la red virtual es un caso histórico, en el que un agente alteraba registros a través de una red virtual desde su casa, dado los altos conocimientos que tenía en materia informática. Esto permitió que se perfeccionaran los sistemas y se colocaran medidas de seguridad que no se habían previstos”, indicó acerca de la forma en que pudo cometerse el ilícito en contra del Estado.

“El caso de ahora era mucho más burdo: a través de las terminales y contactos que tenían las personas en ATM, lo que hacían era dejar un campo en blanco, ya que el sistema necesita específicamente que esté lleno para poder ver el beneficio de tasa cero; colocaban un punto o un guión para que el sistema permitiera avanzar”, explicó, confirmando además que hay secreto de sumario.

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