puerto rico

julio 9, 2015 9:03 pm

Hace escasos días, el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos, instó de manera enérgica al gobernador Alejandro García Padilla a poner sobre tablas la soberanía de la isla y enfrentar de una vez por todas el problema colonial en busca de una solución.

La reacción del dirigente independentista estuvo motivada por el fallo del Tribunal de Circuito de Apelaciones de la ciudad de Boston, que negó a Puerto Rico la posibilidad de acogerse a la “bancarrota” y obtener de esta forma una renegociación de su deuda con una moratoria que le permita negociar su abultado déficit público que llega a 73 mil millones de dólares.

García Padilla entiende que la situación administrativo-financiera de la isla se encuentra al borde del abismo, por lo tanto es fundamental conseguir la modificación de la “Ley Federal de Quiebras” por parte de Washington, que actualmente prohíbe a los territorios con un “status político” como el de la nación boricua declararse en bancarrota.

El Tribunal de Boston sostuvo una decisión de la Corte Federal en San Juan que declaró nula la Ley de la Recuperación de las Corporaciones Públicas, con la cual Puerto Rico buscaba acogerse al “quiebre financiero” y así evitar el default, y con una moratoria de algunos años poder renegociar con sus acreedores.

En este alarmante contexto, donde se calcula que cada uno de los, un poco más de, 3 millones y medio de habitantes debe aproximadamente 20600 dólares, el gobierno de Barack Obama indicó este pasado lunes que está dispuesto a seguir prestando colaboración a Puerto Rico para salir del problema, pero aseguró que no “contempla un rescate”.

“Urgimos a Puerto Rico a avanzar hacia un plan fiscal y económico a largo plazo que brinde sostenibilidad”, dijo por su parte el Departamento Tesoro al ofrecer su ayuda a San Juan.

Para negociar este intento de moratoria, García Padilla nombró un grupo de trabajo conformado por los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de la isla, así como otros altos funcionarios, que también tendrán como tarea hasta agosto delinear un plan de ajuste fiscal para sanear la economía puertorriqueña.

García Padilla indicó que el plan debe incluir recortes en algunos servicios, aumento de la recaudación fiscal y mayor cooperación con la empresa privada.

Desde la oposición, Berríos sentenció:”La casa se nos está cayendo encima y el gobierno de Puerto Rico sigue insistiendo que lo que hay que hacer es cambiar de lugar los muebles de la sala”.

El dirigente político criticó la postura del mandatario pro-estadounidense, cuyo Partido Popular Democrático defiende la actual condición de Estado libre asociado (ELA), creado en 1952 por Estados Unidos para evadir los informes y reclamos del Comité de Descolonización de Naciones Unidas.

El presidente del PIP continuó diciendo: “luego de la decisión de Boston, ¿qué más espera el gobierno de Puerto Rico para darse cuenta de que no se le puede seguir dando vueltas a la cuestión y que hay que enfrentar el problema del estatus político de la isla”.

Berríos planteó que esta es la única forma de “comenzar a resolver los graves problemas que tiene Puerto Rico”.

La falta de medidas claras de apoyo por parte de Estados Unidos y la asfixiante situación financiera ha emboscado al gobierno de Puerto Rico, que al ser consultado sobre los riesgos de una cesación de pagos sostuvo a través de García Padilla: “No vamos a permitir que la pesada carga de la deuda heredada nos arrodille. No podemos permitir que nos obliguen a escoger entre pagarles a policías, maestros y enfermeras, o pagar la deuda”.

Sin embargo, el futuro de esta afirmación es hoy en día muy incierto y las gestiones a realizar serán claves para determinar el rumbo económico de la nación caribeña.

 

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