Agua

mayo 16, 2016 7:00 am

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se descubriera una fenomenal maniobra corrupta desde el gobierno del agua? ¿Cuánto es lo que recuerda la memoria colectiva mendocina sobre un sucio hecho con el principal motivo de su vida, como es el agua?, y lo más importante: “¿qué proceso judicial investigó y procesó a quienes fueron los autores de esa mancha que salpicó con saña la honorabilidad de un organismo que es parte vital de la razón de vida de esta provincia?”

Éste puñado de preguntas y otras no menos importantes se hacen esos seres que aprendieron a aprovechar y cuidar ese vital elemento de la vida vegetal, animal y humana de este estado provincial cuyano. Campesinos y productores que entienden que este recurso ha sufrido los avatares climatológicos primero, desaciertos humanos después. Y a pesar de todo ello el agua ha continuado teniendo el ancestral cuidado, tratamiento y preservación que nuestra gente de campo recibió de generaciones.Procedimientos que no supieron de inequidades en la distribución del agua para los cultivos o consumo humano, mucho menos de maniobras sectarias en beneficio de pocos sobre el perjuicio de muchos.

Lamentablemente “sobre el agua de los mendocinos también llegó la corrupción”. Como no podía ser de otra manera, allí san política hizo su nefasta aparición con personajes que pulverizaron en poco tiempo esa majestuosa historia que arrancó en el año 1884 con la sanción de la Ley General de Aguas y más tarde en el año 1894 con la creación del Departamento General de Irrigación. Dos aspectos claves donde la provincia daba trascendente institucionalidad al recurso hídrico.

Y el tiempo pasó y como se dijo, hizo su virulenta puesta en escena ese costado corrupto de la política. Aspectos ocurridos en la última década y donde se descubriera e investigara por vía regantes, productores y la legislatura la indebida entrega de 21 pozos de perforación de agua en Agrelo. Historia que se inicia cuando el  legislador Eduardo Blanco (hoy con mandato cumplido) presentó abultada documentación que demostraba que el entonces titular del DGI había entregado en forma indebida 21 pozos en una zona clave del Departamento de Luján de Cuyo.

Dos administraciones provinciales contuvieron con vergonzosa complicidad a “un tal Eduardo Frigerio”. Para ello se utilizaron todo tipo de maniobras para ocultar el daño al gobierno del agua y quien en ese momento fuese su titular. Allí convergieron poderosos intereses políticos, judiciales y empresarios que hicieron diferentes maniobras para detener el juicio político a Frigerio. Como así investigaciones judiciales a sus funcionarios y de cómo se habrían entregado los 21 pozos de Agrelo. Grosero costado sucedido durante la administración de Celso Jaque. Algo que para nada fue reparado durante el gobierno de Francisco Pérez, ni aún con la asunción de José Luis Álvarez frente al DGI, donde se había anunciado que los pozos serían cegados. Nada de todo esto sucedió como debería haberse hecho ante “el muestreo de que la poderosa presencia empresaria” NO se había retirado del negocio que implicaban dichos pozos. Empresarios que mucho menos permitirían cegamiento alguno, no sin antes alcanzar jugosas ganancias por juicios que daban por seguro ganarle al estado mendocino. Ya que ellos demostrarían cierta documentación donde quedó constancia de “abultados pagos” por dichos pozos, que NADIE en dependencias de Irrigación podían justificar. A propósito, muchos recuerdan cuando en su momento la jueza del primera juzgado de gestión asociada Fabiana Martinelli hizo lugar a la acción de amparo del Fideicomiso Aymuray contra el DGI. Cuestión que paralizó a irrigación y a la cómplice actitud del gobierno de Francisco Pérez, cuando en sus considerando la magistrada expresó que las resoluciones 78, 79 y 85 del Honorable Tribunal Administrativo del DGI habían violado las garantías constitucionales de Aymuray con ostensible arbitrariedad e ilegalidad.

El fallo de la justicia dejaba al descubierto por completo la investigación sobre la corrupta maniobra, cuando en sus considerandos lellamaba la atención a Irrigación  expresándole que: “si quería variar legítimamente la situación de los permisionarios de los pozos, lo debería haber hecho con remedios legales previstos a los permisos de perforación otorgados. O declarando caducos los permisos por incumplimiento del permisionario, o rechazar la concesión en la etapa oportuna (antes del 26/04/12) fundado en causales suficientes a la luz de lo expuesto (forma irregular de entrega de pozos). Pasando en limpio, la justicia habría expresado en ese momento al DGI que los pozos de Agrelo fueron mal cegados, dejando un gran interrogante al otorgamiento de los mismos.

El tiempo ha transcurrido y los funcionarios que pasaron por Irrigación y actuaron de mala fe, abusando del poder en el gobierno del agua con oscuros intereses, jamás fueron investigados. Hoy continúa frente al DGI José Luis Álvarez y los  cuestionados pozos, lejos de haber sido clausurados, cerrados o cegados siguen brindando beneficios de las importantes napas acuíferas del bajo Luján a los millonarios emprendimientos productivos allí instalados.

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