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mayo 9, 2016 8:00 pm

Luego de ser noticia nacional y protagonistas de burlas y estupor en todo el país, como consecuencia de los irrisorios montos en las declaraciones juradas de algunos de los máximos funcionarios de nuestra provincia, se impulsarán cambios al decreto 1769/15 del gobierno de Paco Pérez.

Es cierto que el error al declarar –por ejemplo– un auto Mercedes Benz SL 300 modelo 1991 a tan sólo $1, o un inmueble a setenta centavos, se debe principalmente a la interpretación lisa y llana del decreto, que estipula que deben registrarse los valores del avalúo fiscal, dejando la interpretación al libre albedrío a la hora de llenar las planillas de las declaraciones de bienes.

Por eso, mientras algunos ponían un monto de tasación real, otros no sabían qué valor adjudicarles a los bienes adquiridos muchos años atrás. Si bien la intención del decreto del gobierno anterior era llevar más transparencia con respecto a los patrimonios de funcionarios, terminó siendo insuficiente, por lo cual se están impulsando distintos proyectos para mejorarlo.

Se vienen los cambios

Apenas enterado del papelón, el propio gobernador Alfredo Cornejo tomó cartas en el asunto y anunció que el Ejecutivo provincial impulsará una ley de ética pública. Casi al unísono, el diputado Jorge Tanús también informaba que muy pronto enviaría un proyecto de ley reglamentando las declaraciones juradas.

Seguramente habrá algunas diferencias de criterio en algunas normas de funcionamiento, pero en lo que sí coinciden todos es que de ahora en más las declaraciones juradas deberán ser obligatorias para los funcionarios de los tres poderes del Estado, sumando ahora a los del Judicial, único órgano que todavía mantiene algunos privilegios de otras épocas, como estar exento del Impuesto a las Ganancias sobre sus haberes, por lo que ahora se les pedirá que también rindan cuentas de su bienes patrimoniales.

El órgano de contralor seguramente seguirá siendo la Fiscalía de Estado, y por eso deberá verificar también que todo lo declarado esté bien cargado y que no se produzcan algunos “olvidos” dudosos.

Además, todos estos cambios llevarán a que los avalúos fiscales sean actualizados en toda la provincia y para todos los ciudadanos con cifras más acordes con el valor real.

Transparencia y equidad

De ahora en más, la honestidad de funcionarios gubernamentales, legisladores y jueces estará en el tapete y en el ojo crítico del ciudadano común, algo que está exigiendo la población en su conjunto, que por estos tiempos la está pasando peor, y además se encuentra en extremo sensibilizada, producto de una brutal inflación, por opresivos ajustes, por los aumentos de algunos servicios y los combustibles y también por los despidos en el orden laboral.

Además, la gente está harta de la corruptela de algunos ex funcionarios kirchneristas y de empresarios amigos, o de las dudas que hasta rozan al mismo presidente Mauricio Macri por los Panamá Papers.

Por supuesto que muchos de los males económicos del país son herencia del gobierno anterior, pero también es cierto que otros fueron originados por la actual gestión.

La gente comprende, apuesta a la esperanza, pone todo su esfuerzo y paciencia para salir de este difícil momento, pero con lo que no volverá a transar es con la falta de claridad en gestiones de gobierno ni con los funcionarios deshonestos.

Es de esperar que estos errores sirvan para, de una vez por todas, hacer realidad la ley de ética pública y el tan mentado proyecto no quede en anuncios grandilocuentes –como ocurrió en épocas pasadas–  para después que pase la tormenta vaya a morir en el arcón de los recuerdos.

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