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diciembre 10, 2016 8:52 pm

(Especial de NA, por Gabriel Profiti)

Mauricio Macri llegó al final de su primer año de Gobierno con el sabor del trabajo inconcluso: entre otras cruzadas, no pudo reactivar la economía, tampoco logró introducir
los cambios que pretendía en la Justicia y antes de cruzar la primera meta de su mandato se le desmadró el Congreso. Cada caso es aislado, aunque es cierto que la recesión económica envalentonó a la oposición parlamentaria –antes mayormente dialoguista- para asestarle un golpe político al Gobierno antes del inicio del 2017 electoral.
El sablazo llegó con la aprobación en la Cámara de Diputados de una ambiciosa reforma del impuesto a las Ganancias, rechazada por Macri y se sumó al portazo que el Senado había dado una semana antes a la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada. En ambos casos, todas las vertientes de un fragmentado peronismo unieron fuerzas con un progresismo huérfano para complicarle la vida a la alianza gobernante.
Macri parece haberse cansado del uso de la diplomacia. Salió con los tapones de punta contra Sergio Massa, a quien a principios de año había llevado al Foro de Davos para mostrar una Argentina distinta, en la que un líder opositor compartía metas de Estado con el Presidente. Todo demasiado naif para este país.
Ahora Macri llamó impostor a Massa, a quien además le enrostró haber votado con el kirchnerismo una modificación “irresponsable” de Ganancias. Quiere explotar un costado que algún sector de la sociedad ya vislumbra del tigrense: su oportunismo. Mientras ambos velan armas para 2017, el Gobierno suma masa crítica de tributaristas y gobernadores para frenar esa reforma en el Senado, teniendo en cuenta que ese gravamen se coparticipa con las provincias. Macri no descarta vetarla si es ley.
La gobernabilidad le costó durante este año al Gobierno miles de millones de pesos en gasto social. Esa inversión tuvo sentido para evitar la descomposición de las capas medias bajas de la sociedad y que la paz social quede amenazada con la recesión.
Es un final de año complicado para el Presidente, pero las encuestas todavía están de su lado y está a tiempo de retomar el ritmo positivo que su administración traía hasta que el tarifazo a los servicios públicos lo empantanó. Ese ajuste también quedó a mitad de camino.

Justicia ¿qué justicia?
En la Justicia cuecen más habas que en otras partes. El miércoles pasado la Cámara de Casación consumó la remoción de los jueces suplentes Mariano Borinsky y Gustavo Hornos de la Sala I del Tribunal. Esa sala interviene en causas clave contra Cristina Kirchner, como Hotesur, Los Sauces o Dólar Futuro. En un acuerdo con fuerte polémica por el rechazo de Borinsky y Hornos a ser removidos, los restantes miembros de la Casación no les llevaron el apunte pero les garantizaron que van a ser ellos quienes resuelvan si se abre o no la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman contra Cristina cuatro días antes de morir.
El Tribunal tiene prevista una audiencia el próximo 19 para escuchar testigos y luego resolverá si la denuncia debe ser investigada. Borinsky y Hornos quieren que se investigue, pero en la dirigencia de la comunidad judía sospechan de nuevas jugadas que harían que esa presentación siga bloqueada.
Macri no está conforme con los cambios que pretendía imponer en Tribunales, pero tampoco fue audaz, como había sido por ejemplo Néstor Kirchner para remover a la mayoría automática de Carlos Menem en la Corte Suprema de Justicia. Y además, quiso hacer limpieza con un trapo sucio. En primer término buscó ponerle fecha de vencimiento al mandato vitalicio de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, líder de un colectivo kirchnerista en la Justicia, pero su aliada con derecho al pataleo, Elisa Carrió, la frenó.
El Presidente está molesto porque tampoco avanzan rápido en el Consejo de la Magistratura las causas contra dos jueces cuestionados, el camarista Eduardo Freiler y Daniel Rafecas, a quienes quería fuera del Poder Judicial junto con Norberto Oyarbide –renunció- y Rodolfo Canicoba Corral. Macri le pide explicaciones a Garavano y este a su vez les hace reclamos a los referentes oficialistas en el órgano que se encarga
de designar y remover jueces.
La Magistratura es un órgano complejo en el que la remoción de un magistrado requiere de muchas etapas y amplias mayorías. No está mal que así sea. El problema es que muchas veces el macrismo necesita de algún aliado y no tiene cohesión interna. Tampoco logra designar jueces en la proporción esperada. De hecho, la raíz de los problemas de aquel Tribunal de Casación –la Sala I- que debe intervenir en la denuncia de Nisman es que no se nombran magistrados definitivos.
El representante del Poder Ejecutivo en la Magistratura es Juan Bautista Mahíques, secretario de Justicia y hombre que responde a Daniel Angelici. Es amigo del camporista Eduardo Wado De Pedro –ambos son de Mercedes- y en el Consejo quedó expuesto en una negociación con el kirchnerismo. El empresario binguero y presidente de Boca es otro de los apuntados por Carrió.
Macri quiere correr a Freiler pero previamente habría habilitado una gestión de Angelici con ese camarista y su par Jorge Ballestero. Esas gestiones terminaron en una denuncia por una presunta coima pagada a Freiler a cambio de sobreseer al Presidente en la causa por las escuchas telefónicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Todo muy opaco y contrario al discurso de transparencia que emana del Ejecutivo macrista.

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