septiembre 25, 2015 7:58 am

Concretamente, nuestro sistema electoral fue establecido por el presidente Roque Sáenz Peña mediante la Ley 8.871, en 1912; precisamente para evitar lo que se conocía como el “fraude patriótico”. Para ello instituyó el voto secreto y obligatorio a través del uso del padrón militar como único registro electoral.
En sus comienzos fue exclusivo para los varones nativos argentinos y naturalizados mayores de 18 años. Modificaciones posteriores incorporaron el voto femenino y, recientemente, se redujo la edad para votar de los 18 a los 16 años.
Este sistema electoral funcionó bien por un largo tiempo. Digamos, por más de un siglo. Lo que no fue poco. Pero, no fue hasta hace algunos años atrás, cuando una serie de hechos nos fueron dando la pauta de que el mismo ya no era tan eficiente como había sabido serlo y que era necesario introducirle cambios radicales.

El antecedente
El más importante de estos hechos ocurrió en las elecciones celebradas el 23 de agosto pasado en la provincia de Tucumán. Donde se produjeron un cúmulo de gruesas anormalidades (quema de urnas, falsificación de los telegramas con los resultados, entre otras tantas irregularidades denunciadas). Luego de numerosas marchas de protesta y de reclamos presentados por la oposición, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Tucumán juzgó que había que declarar nulo el resultado de esas elecciones y volver a realizarlas.
Más recientemente, la Corte Suprema de Justicia de esa misma provincia revocó a este fallo, dando por válidos a los cuestionados comicios. Sin que esta historia haya terminado aún. Pues, tenemos que esperar para ver si este fallo será apelado y, en consecuencia, ser aceptado y resuelto por la Corte Suprema de la Nación.
Más allá de estas peripecias judiciales, el hecho importante es que hoy ya casi nadie duda sobre la necesidad de reforma de nuestro viejo sistema electoral. Aquí está el antecedente, pero no el fin de nuestra pequeña historia.

Los augurios
Si el antecedente es bueno y nos hace abrigar esperanzas de que pronto se producirá un necesario cambio en nuestro vetusto sistema electoral. El que será para el bien de todos. No lo son los augurios que surgen del análisis de lo señalado.
El primero de ellos pasa por reconocer que cualquiera sea la decisión judicial final. Ella no será garantía de que el electorado tucumano la acate; pues éste ya no responde –necesariamente– a sus dirigentes políticos. Al menos, como supo hacerlo en el pasado reciente. Ya que ese electorado ha tomado conciencia del poder transformador de sus movilizaciones. Porque a nadie le puede caber duda de que han sido estos movimientos populares los que han impulsado el cuestionamiento del sistema y, en definitiva, a la primera de las medidas judiciales señaladas.
Decimos esto, sin interrogarnos respecto de cuánta precariedad abrigará la legitimidad de origen de un gobierno electo en tan complicados avatares. Si esta fuera la decisión judicial definitiva.
El segundo de los augurios es aún más ominoso. Y se basa en la posibilidad de que este contexto de anormalidades y posterior no reconocimiento de los resultados por parte de los perdedores se reiteren en las próximas elecciones nacionales.
¿En qué nos basamos para lanzar tal afirmación?
Simplemente, en la muy probable circunstancia de que las diferencias en la cantidad de votos a obtener por las fuerzas políticas en pugna serán mínimas. Especialmente, a nivel nacional y en la Provincia de Buenos Aires. Tal como la mayoría de las encuestas lo sugieren hoy. Lo que creemos que potenciará cualquier reclamo de fraude electoral por pequeño, en términos numéricos, que este pudiera llegar a ser.
Se suma a esta circunstancia dos condiciones que pueden potenciar este problema. La primera de ellas radica en la estricta necesidad de contar con fiscales partidarios en todas las mesas electorales para que el sistema funcione correctamente. La segunda, también vinculada a la primera. Es que el Gobierno nacional entiende que este es un problema de los partidos políticos y no uno que debe asumir como propio. Así lo han declarado varios de sus funcionarios.
Con ello, la administración comete un doble error, ya que deslinda una responsabilidad institucional que le compete. Cual es asegurar el normal funcionamiento de los comicios y, por otro lado, deja la impresión que quiere inclinar el ring electoral a su favor. Ya que el partido del oficialismo, junto con la UCR, son los únicos que disponen de la capacidad territorial de colocar los fiscales en todos los lugares necesarios. Pero no las otras fuerzas políticas.
Si este escenario llegara a darse. Casi con certeza, en el medio de esta puja quedaría atrapada la Justicia, especialmente o al menos inicialmente, la electoral. La que por un lado, sería tironeada por el oficialismo que buscaría su politización y, por el otro, por los opositores disconformes que buscarían defender sus derechos con la judicialización de los resultados electorales.
Llegado a este punto, se podría argumentar, incluso, que la mejora del sistema electoral es sólo uno de los aspectos a resolver. Que la causa profunda de todo es la vigencia de un crudo clientelismo político que usa el poder del Estado (distribución de subsidios, abuso de las cadenas nacionales, etcétera) en su favor para ganar elecciones y perpetuarse en el poder. Especialmente, en las provincias más pobres. Esto es verdad, pero ese –querido lector– será el tema de nuestra próxima historia.

Emilio Luis Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional “Santa Romana”. Autor de “El Momento es Ahora” y “El ABC de la Defensa Nacional”.

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