Casino de Mendoza

agosto 18, 2016 11:48 am

En solo unos días, la Legislatura y el Gobierno Provincial han dado dos señales que hablan del cambio cultural que experimenta Mendoza.

En la Casa de las Leyes, en el Senado dimos media sanción a la ratificación de  un acuerdo paritario entre el Estado Provincial y los trabajadores de Casinos. Un acuerdo que había sido rubricado por la gestión de Francisco Pérez bajo condiciones desventajosas para la provincia, con promesas incumplibles para los trabajadores. Fue revisado, excluyendo cláusulas, de manera de hacerlo sustentable a lo largo del tiempo y previsible para ambas partes.

A su vez, en la esfera del Ejecutivo, se realizaron exámenes de concurso para puestos de jerarquía en el Ministerio de Cultura, una práctica sana y transparente que se pone en funcionamiento por primera vez en 33 años de democracia.

Alguien podría decir, ¿qué tiene que ver un decreto refrendado en la Legislatura con un concurso sustanciado en el Poder Ejecutivo? La respuesta es contundente: mucho.

Mendoza viene de uno de los procesos políticos más oscuros en materia de recursos humanos.

Primero, con compromisos de no acrecentar la planta de trabajadores del Estado, que fueron legalmente establecidos y sistemáticamente violados.

Segundo, con negociaciones entre un gobierno provincial políticamente débil y gremios estructuralmente fuertes, que redundaron en acuerdos incumplibles y bajo condiciones muchas veces lacerantes para los intereses de los mendocinos.

Tercero, y sin desmerecer a ningún trabajador del Estado mendocino, se experimentó una situación paradojal: mientras que las limitaciones legales para incorporar trabajadores se esgrimían cuando hacían falta recursos humanos en áreas sensibles que requerían idoneidad técnica o profesional, se obviaban cuando se trataba de incorporar colaboradores políticos cuya principal cualidad era la afinidad ideológica o la utilidad electoral, más que las capacidades que podrían ofrecer desde el Estado a los mendocinos.

Este combo se materializó en un Estado que terminó el año 2015 en condiciones presupuestarias de insostenibilidad y administrativas de pavorosa ineficacia.

Las dos medidas cristalizadas esta semana, apuntan al corazón de este problema. Implican por un lado, establecer condiciones justas y cumplibles en la relación entre el Estado y sus trabajadores y, en segundo lugar, incorporar trabajadores bajo dos condiciones fundamentales: idoneidad técnica o profesional y respeto de los parámetros de transparencia en el método de selección.

El cambio en Mendoza no tiene que ver exclusivamente con lo político, de hecho, la alternancia es una sola de las aristas del cambio necesario. El cambio tiene que ver también con perfilar un esquema productivo que ponga énfasis en la agregación de valor y el emprededorismo, y con un Estado que preste servicios, garantice derechos y ejerza controles con eficacia, transparencia y sostenibilidad.

Este cambio cultural que necesita Mendoza, ha dado dos pasos gigantes esta semana. Tal vez no sean las noticias más rutilantes, seguramente en las calles no se habla de esto, pero tengo la convicción de que son las dos grandes noticias de estos días: el Estado vuelve a establecer criterios justos y cumplibles para proteger a sus trabajadores e inicia un proceso que pronto deberá ser la regla, el ingreso de funcionarios idóneos de manera transparente a un Estado financieramente sano, socialmente sensible e institucionalmente moderno.

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