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agosto 25, 2014 8:51 am

El fondo de inversión Fintech Advisory, que posee títulos de la deuda pública argentina por casi 1.000 millones de dólares, anunció la aceptación de los cambios propuestos por la Argentina a los canjes de deuda del 2005 y el 2010, a través de un proyecto enviado al Parlamento. Así lo afirmó su titular, el mexicano David Martínez Guzmán, quien puso en venta su participación en CableVisión para terminar de cerrar la toma del control de Telecom.
Es el primer fondo de envergadura en brindar su apoyo al proyecto de ley enviado al Congreso para declarar de interés público “la reestructuración de la deuda 2005-2010 y su pago soberano local a la totalidad de los acreedores, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables”.
Martínez Guzmán, quien se encuentra en Grecia, declaró al matutino Página/12 estar dispuesto a aceptar las condiciones propuestas para “aislar al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria”. Para ello propone un canje de la deuda reestructurada que Griesa defaulteó a la fuerza, por nuevos títulos, emitidos en moneda extranjera pero bajo jurisdicción local.
El empresario cercano al gobierno de Cristina Kirchner dijo creer que la nueva operación propuesta por la Argentina tendría un “consenso absoluto”. Sostuvo que al juez de Nueva York Thomas Griesa le sería “muy difícil” obstaculizarla y si lo intentara no sería respaldado por la Cámara de Apelaciones, porque se trataría de emisión de deuda interna.
A su juicio, en septiembre no se debería realizar un nuevo depósito en el Banco Mellon de Nueva York sino avanzar directamente hacia el canje bajo ley argentina. Martínez es uno de los inversores que compraron bonos argentinos durante el gobierno de Carlos Menem y, después del default de fin del 2001 entró al canje realizado en 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Pero siguió comprando títulos a tenedores que no aceptaron aquella propuesta y que en vez de litigar prefirieron desprenderse de esos papeles a precios de mercado y volvió a participar en el canje de 2010.
Martínez, de 57 años, dijo que compró más bonos con miras a participar en un tercer canje y considera que una vez aprobada la ley, una propuesta concreta formulada a los bonistas congregaría un porcentaje de aceptación superior al 98 por ciento.
Consideró que el proyecto impulsado por el gobierno “es la medida correcta que debe tomar un país soberano ante un ataque judicial indebido”. Advirtió que “será un proceso largo y complejo. Por un lado está la sentencia judicial sobre el litigio con fondos a los que no les interesa negociar, que se dedican a demandar a los países en dificultades y ahora están planeando hacerlo con Portugal”.
“Quieren un trato preferencial sobre el de los mayores depositantes y el de las multinacionales que luego de la crisis de fin de siglo renegociaron sus contratos, que tampoco podían cumplirse. Para que cobren, el juez tomó medidas que dañan al país y a otros acreedores, como nosotros”, se quejó. Martínez destacó que la Argentina “no se dejó extorsionar con una medida que daña a todos los que teníamos contratos válidos. Al romper los contratos el juez universalizó el litigio. No tiene derecho a hacer eso, con bonistas que hicieron acuerdos en Londres, en Bruselas o en Tokio y que no tienen nada que ver con los litigantes”.
Consideró que la respuesta argentina es un “mecanismo de ordenamiento para aislar al juez. Es la forma correcta de recuperar la capacidad de conducción de sus negocios, reconstruir la cadena de pagos de los bonos reestructurados. El Banco Nación puede pagarle a la Comisión Nacional de Valores, que a su vez les pagará a los tenedores de los bonos”.
Adelantó, además, que si llega a ser necesario Fintech litigará contra Euroclear, una empresa constituida en Bélgica. “Vamos a apelar en Estados Unidos y en Londres todas las decisiones ilegítimas que nos afectan. La solución de fondo es pasar a un plan local”, señaló. Martínez dijo que “hay muchos inversores dispuestos a hacer negocios bajo la ley local porque es indudable la solvencia de la Argentina y la voluntad de pago de su gobierno”.
El empresario consideró que Griesa “nada podría hacer ante una emisión de deuda interna en la Argentina, para la cual no hay obstáculos de mercado, el mercado quiere una solución y esa nueva propuesta no violaría la cláusula de pari passu bajo ninguna de sus interpretaciones posibles”. Estimó que los ´holdouts´ representan 7.500 millones de dólares, de los cuales sólo la mitad entró en litigio. El resto prefirió vender, y así fue que nosotros seguimos comprando”.

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