CasaRosada

agosto 10, 2014 5:53 pm

La reprochable actitud del Vicepresidente Amado Boudou, es el rostro representativo de cómo el gobierno actúa en permanente golpe a la cara social de los argentinos. Pero, esta es la cara visible, más no la única, de ese inadmisible e inmerecido ataque al Estado que hace un gobierno. Y los argumentos para esta última afirmación hoy los podríamos dejar plasmados con dos muy fuertes ejemplos de lo que afirmamos.

Lo que sucede con los derechos a los consumidores es tan claro como el indisimulado desprecio de una administración que se quiere sacar de encima los legítimos reclamos de todos los usuarios de servicios privados o estatales, que se encuentran avasallados permanentemente por un verdadero universo de atropellos. Un punto que en honor a la verdad, está en línea con lo que sucedió con las presidencias de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Néstor Kirchner, mandatarios, que como la actual, se pasaron por la suela de los zapatos el artículo 42 de la reformada Constitución de 1994, que le otorgaba rango constitucional a la defensa del consumidor. Ítem que decía con claridad que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.

Y claro, ante lo expresado es obvio que el Estado, que es el mayor incumplidor, rayando lo violatorio ante el ciudadano, se haga descaradamente el distraído. Y por eso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner planteaba hace poco la falta de amparo de los consumidores como una cuestión ajena al Estado y al Poder Ejecutivo, dejando al problema como una cuestión entre los empresarios y los usuarios. Actitud que enaltece la idea gubernamental de crear instrumentos legales, instancias conciliatorias y una autoridad administrativa que otorgue indemnizaciones. Pero que nada habla de las propias responsabilidades del gobierno al que habría que preguntarle, por ejemplo, solo por poner un ejemplo ¿Por qué la telefonía celular no es un servicio público?

A propósito, de acuerdo a un informes de la Auditoría General de la Nación, escuchen esto, porque es increíble, en nuestro país solo hay tres personas, solo tres, para controlar todo el servicio de telefonía móvil. Entonces, ante esta intencional desidia uno entiende por qué no se sanciona a quienes integran los Entes Reguladores que no hacen absolutamente nada por defender a los usuarios de las prácticas fraudulentas que padecen en servicios como los teléfonos y celulares, el transporte de pasajeros, Internet, la medicina prepaga, la televisión por cable, la energía eléctrica, los medicamentos, en fin todos los servicios públicos y privados.

Entes reguladores, que por lo menos aquí en Mendoza, han demostrado ser reservorios políticos para acomodar punteros o dirigentes de turno con muy buenos honorarios. Pero, que nada dicen de la defensa a los usurarios, como lo expresa, reitero la Constitución nacional y la ley de creación de esos entes reguladores.

Todo un tema, para analizar en estos tiempos donde, como expresábamos al principio deja señales claras ante la gente, que para la única que no se gobierna es para ella. Ciudadanos a los que solo se les está legando a futuro esto que hemos planteado. También un default, mucha pobreza, desocupación, desaceleración de la economía y desinversión. Y sobre esto último, como para completar un inmerecido cuadro de situación de nuestra golpeada nación, las últimas informaciones expresan que a finales de este año, la República Argentina comprobará como se duplicó el déficit energético. Cuestión que tiene un impacto directo sobre las deterioradas cuentas públicas.

Hace unos días se conoció una ampliación del Presupuesto nacional por casi $200 mil millones a través de un Decreto de necesidad y urgencia. Esto implica que “el crédito vigente para los subsidios económicos aumenta un 66,4% con respecto a la ejecución 2013 más de 74.908 millones de pesos. Y es, por los subsidios al sector energético”, asignados principalmente a través de CAMMESA, ENARSA y “Plan Gas”, por un total $65.750 millones, es decir un 89% más que lo aprobado por el Congreso el año pasado. Y si uno toma el actual tipo de cambio oficial ($8,2625) representan unos 7.957 millones de dólares.

Los argentinos ven de esta manera que “las transferencias para gastos de capital tienen un incremento del 57,4% con respecto a la ejecución 2013, un poco más 15.814 millones de pesos, como consecuencia nuevamente de las mayores asignaciones al sector energético”, que demandarán en este caso, $12.906 millones de pesos, que traducido en moneda extranjera son unos US$ 1.562 millones.

Señoras y señores, esta es la República Argentina de la que alguien en diciembre del próximo año deberá hacerse cargo. Por supuesto, alguien del que nosotros tendremos absoluta responsabilidad electoral y del que, por consiguiente, el país tenga las esperanzas de que girará la brújula hacia ese horizonte del que merecen los sufridos y no menos honorables habitantes de la nación.

Daniel Gallardo – Periodista y productor de Estudio Cooperativa 91.7

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